«Solo la liberación sin ambages de los datos públicos y el escrutinio ciudadano con la ciencia de datos y la inteligencia artificial pueden desmontar las redes de opacidad que alimentan la corrupción»

El español más emprendedor no es portada de las revistas económicas de moda. Aunque encontré su nombre 6742 veces en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), Ramón Cerdà sigue siendo un desconocido para el gran público. Este abogado y novelista consta en una miríada de cargos de una retahíla inabarcable de sociedades «a la carta», que luego vendía a administradores, reales o simulados. La Audiencia Nacional lo condenó en 2017 a más de quince años de prisión en varias causas por fraude fiscal y falsedad documental, pero constituir sociedades vacías para venderlas después no es, en sí mismo, ilegal. 

De hecho —otro hallazgo—, solo en un discreto despacho del barcelonés carrer de l'Avenir descubrí dos mil referencias: es el domicilio social que se menciona con mayor frecuencia en el BORME.

Para un empresario, dar de alta una sociedad no es la prueba más dura de la yincana administrativa. Ni la más urgente. Mucho menos la más frecuente. Basta una cuenta bancaria, un nombre inédito, una visita al notario y cursar el trámite en la Agencia Tributaria. En ese caso, ¿qué sentido encuentra el acopio de sociedades de Cerdà y otros despachos especializados?

La respuesta quizá esté relacionada con cierta voluntad de discreción: el alumbramiento de una empresa, el nombre de sus administradores y el capital que han aportado se publican en el Boletín. Una compraventa posterior, en cambio, pasa desapercibida al ojo público. El lector sagaz advertirá aquí la paradoja: los mecanismos de publicidad y transparencia anuncian los movimientos societarios de quien nada quiere ocultar, pero no ponen trabas a quien busca ocultarse.

En un registro domiciliario, la Guardia Civil localizó en junio un contrato privado que situaría a Santos Cerdán, un influyente diputado y en ese momento secretario de organización del PSOE, como propietario del 45 por ciento de Servinabar, una constructora implicada en licitaciones públicas amañadas. Hay altos cargos, asesores y hasta un exministro imputados.

En mayo de 2020, el Gobierno de Cantabria aceptó una donación de 200 000 euros de una sociedad desconocida. La empresa, llamada Dunoon Investment Trading, no constaba en ningún registro público, el domicilio social publicado en el Boletín autonómico era incompleto y, a preguntas de los periodistas, el presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, declaró que «no revelará jamás» el nombre del empresario. 

No cabe reproche a quien dona dinero al Gobierno, pero tampoco a quien se pregunta en voz alta por qué se hace —como parece que se hizo— a través de una sociedad pantalla en una jurisdicción opaca.

El Tribunal Supremo investiga desde abril la financiación de la campaña electoral de un controvertido candidato al Parlamento Europeo, Alvise Pérez. Parte de los fondos, dice El País, vendrían de Sport Gamala, «una sociedad instrumental que no lleva a cabo actividad real económica que genere valor añadido alguno». 

Estas historias provocan ríos de tinta, abren informativos y ocupan tertulias, pero nada cambia. Nadie aporta soluciones para el sistema. ¿Cómo salir entonces del bucle de titulares escandalosos y reformas cosméticas? Pienso que solo la liberación sin ambages de los datos públicos y el escrutinio ciudadano con la ciencia de datos y la inteligencia artificial pueden desmontar las redes de opacidad que alimentan la corrupción.

Los empresarios tienen la obligación de depositar anualmente sus cuentas en el Registro Mercantil. La función primordial de la institución es publicitar los actos de las compañías para que sean conocidos. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que, simplemente, publicarlos en formatos abiertos, accesibles y reutilizables? Así podrían cruzarse con información fiscal, electoral o de contratos públicos.

Los datos y la informática son la llave para detectar sociedades pantalla que financian campañas políticas, adjudicaciones millonarias a empresas sin empleados o marañas societarias tejidas para el fraude. Tenemos la tecnología. Pero nos faltan los datos. Están atrapados en la transparencia de Schrödinger: públicos, pero no publicados.