De Tejas Arriba
Una fuerza mayor que la gravedad
En un caldo de cultivo en el que flotan servicios de posicionamiento global gratuitos (GPS), comunicaciones inalámbricas (Wifi), acelerómetros y giróscopos digitales (los mandos de la Wii) e internet, saltó una chispa de ingenio, y el multicóptero o multirrotor cobró vida. Sí, un artilugio volador con varias hélices creado por jóvenes entusiastas del mundo del radiocontrol. Un aparato volador que popularizaba el acceder al cielo. Fácil de volar y de construir, abría una puerta a poder crear toda una nueva gama de servicios y oportunidades para nuevas empresas.
Y aunque aeronáuticamente se denomina Sistema Aéreo Pilotados Remotamente (RPAS), la gente le bautizó como dron —adaptación del vocablo inglés drone—, palabra utilizada para referirse a aviones militares no tripulados y cuya traducción tenía su carga de mala prensa: ‘zángano’.
Pero hay un problema. Esto ha sido demasiado rápido. Un espacio aéreo de más de un siglo de existencia y perfectamente reglado se ve desbordado por unos aparatos que ni siquiera los legisladores son capaces de discernir cuándo son juguetes o algo más.
La Administración española —de por sí lenta y con exceso de celo— ha intentado ponerse al día de manera precipitada. En 2014 se aprobó una ley transitoria, aún vigente, en la que, por ejemplo, se exige que la persona que pilote un dron de menos de veinticinco kilos de peso debe pasar el mismo reconocimiento médico que un piloto comercial. Se crea la figura del piloto de dron, que, en mi opinión, no es más que un aeromodelista de toda la vida, ahora profesional. Asimismo, la ley prohíbe volar sobre entornos humanos y dentro del espacio aéreo controlado.
Tras obtener el título y crear una empresa, es cuando uno se percata de que la mayoría de los encargos que iba a realizar se los solicitan para entornos ilegales. Además en España cada capital de provincia tiene su aeropuerto con su correspondiente espacio controlado de un área de quince kilómetros de radio en los que no se puede volar un dron.
Y usted pensará: «Pero si he visto imágenes del centro de Sevilla en una serie de televisión y una manifestación desde el aire en un reportaje». Todo ilegal. Desde la aprobación de la normativa se han creado más de mil cuatrocientas empresas de operaciones aéreas con drones en España. Pero hay otras que llevan más de tres años intentando salir adelante en un camino por el desierto esperando una legislación coherente. La sensación en el sector es que a las compañías profesionales se les exige todo y se les mira con lupa y, sin embargo, hay manga ancha para los aficionados que además incurren en competencia desleal con filmaciones y trabajos de tapadillo o cuando cometen verdaderas temeridades ilegales que luego suben a internet.
Sin duda, ha habido un efecto llamada como consecuencia de la crisis que padecemos. Un dron no es más que una herramienta para la captura de datos. El valor está en el procesado, el análisis y las conclusiones que se obtienen de ellos. Es necesario un marco legal que garantice la seguridad aérea, la de las personas, las cosas y la información. Pero al tiempo tiene que ser coherente con nuestra época y las necesidades de una industria que tiene mucho que decir y hacer en España. Un sector con gran potencial que va a terminar ahogado si la Administración no cumple en tiempo y forma con su obligación.
Personalmente pediría que miraran a Francia, donde ya disponen de una ley, y las empresas trabajan y crecen. Copiemos lo que hacen y luego mejorémoslo. No nos empeñemos en inventar la rueda. Porque, de lo contrario, conseguiremos que la ley de los hombres sea un multiplicador de la gravedad, esa que impide que los cuerpos se levanten del suelo.
Fernando Linares [Tecnun 94] es especialista en organización de empresas y en drones. Ingeniero industrial, actualmente dirige la empresa SQAdrones, orientada a dar servicio a compañías y profesionales en el ámbito de formación, consultoría, fabricación y diseño de estos dispositivos.