Revista cultural y de cuestiones actuales
Número 711

Bolivia, sin brújula

Texto: Percy Añez Castedo   

Brotes violentos en Colombia y Chile, cambios de Gobierno en Ecuador y Perú, una Argentina en caos permanente, la Venezuela hambrienta cercana al abismo y un Brasil dividido por la figura del presidente Bolsonaro. Si a todo esto se suman las desigualdades económicas, la mala gestión, la corrupción y la sacudida de la pandemia, el retrato actual de Sudamérica resulta inquietante. Bolivia ha tenido su propio itinerario. Tras catorce años de luces y sombras con Evo Morales al frente, el país trata de estabilizar su economía y cerrar las heridas sociales provocadas por tres lustros de políticas populistas.


Diciembre 2005. Una boliviana indígena camina por El Alto, en las afueras de La Paz, junto a una propaganda electoral de Evo Morales, candidato presidencial del partido Movimiento al Socialismo | JOSÉ M. GÓMEZ - REUTERS 

 

 

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Bolivia es un país volcánico hasta en la política. Todo tiende a ir muy rápido; los discursos revolucionarios, de cambios de gran calado, priman sin importar el color del partido. Sin embargo, la realidad permanece casi blindada al paso del tiempo: la pobreza, la corrupción institucionalizada, la politización de la justicia y los precarios sistemas de salud y educación continúan castigando a una sociedad herida por quienes deberían cuidarla.

En las primeras semanas de junio de 2021 Bolivia tocó fondo: varios parlamentarios llegaron a los puños en el Congreso; la expresidenta Jeanine Áñez [la coincidencia del apellido de esta política con el del autor de este artículo es casual] sigue en la cárcel desde marzo, acusada de sedición, terrorismo y conspiración, sin un compromiso claro de tener un juicio o una investigación imparciales; y la tercera ola de la pandemia golpeó con crudeza: las muertes aumentaron alrededor de un 20%, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Mike Ryan, director de Emergencias Sanitarias de este organismo, alertó entonces de que en Sudamérica se encontraban ocho de los diez países con las tasas más altas de mortalidad.

Al borde del colapso sanitario, sin oxígeno ni camas suficientes en las unidades de cuidados intensivos para atender a los pacientes críticos, Bolivia lamenta, de acuerdo con las cifras ofrecidas por Reuters el 19 de julio, 17.443 muertes desde el inicio de la pandemia. Con la esperanza puesta en la llegada de nuevas provisiones de vacunas, apenas el 11% de la población ha recibido una primera dosis, y solo el 2% de los once millones y medio de habitantes está completamente vacunado.

En el plano laboral, como mostró un estudio publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en julio de 2018, Bolivia —con un 62,3%— es la mayor economía informal del mundo. El segundo de la lista, Zimbabue, registra un 60,6% de informalidad. A estas actividades sumergidas, al margen de la regulación del Estado, se une el elevado índice de desempleo —un 11,8%, según los datos difundidos por su Instituto Nacional de Estadística en julio de 2020— y genera un caldo de cultivo y un camino sin retorno hacia una profunda crisis social y económica cuyo trazo viene desde tiempo atrás.

 

¿QUINCE AÑOS PERDIDOS?

Evo Morales (Orinoca, 1959) era Bolivia, esa Bolivia profunda, olvidada, pobre y estancada en un presente sin horizontes. Como otros revolucionarios habían hecho antes, él vendió esperanza. Empezó a principios de los ochenta como representante sindical de los campesinos cultivadores de coca en la región del Chapere, en el centro de Bolivia, que aún es su bastión. Y en los noventa se convirtió en un icono de la izquierda radical latinoamericana que culminó con la refundación, en 1997, del partido Movimiento al Socialismo (MAS). La histórica sigla se alió con pequeñas formaciones indigenistas, acogiendo en su seno el Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (IPSP). En aquellas primeras elecciones, Morales entró en el Congreso como diputado del nuevo MAS-IPSP por Cochabamba, pero el despegue del partido no se produjo hasta 2002, cuando obtuvo casi 600.000 votos.

Durante ese periodo se comportó con frecuencia como un guerrillero y popularizó el bloqueo de carreteras, que se prolongaba durante semanas o meses, como arma de presión política. Incluso amenazó con volar puentes cuando era diputado y presidente de la federación de cocaleros. Las élites no lo tomaron en serio pero se ganó la calle.

 

Noviembre 2019. El expresidente Evo Morales, asilado en México, en una rueda de prensa convocada para denunciar las muertes de partidarios suyos en Ciudad de México | JOSÉ MÉNDEZ - EFE 

 

Morales llegó a la presidencia en diciembre de 2005 después de años de obstinada lucha política. Su partido demandaba una nueva asamblea constituyente, estatalizar los hidrocarburos, mantener los cultivos de «coca excedentaria» —la parte de la producción que supera los cupos legales— y dejar de vender gas al extranjero a través de puertos chilenos. Esas promesas, que sus opositores tildaron de populistas, atrajeron a muchos y dieron resultados a corto plazo.

El primer presidente de origen indígena gozó de dos factores clave durante sus tres mandatos: una estabilidad económica prácticamente desconocida y un apoyo popular sin precedentes. Ganó las elecciones de 2005 con un inédito 53,74% de los votos, algo infrecuente en un país cultural y socialmente diverso: alrededor del 40% de sus once millones y medio de habitantes corresponde a población aborigen de distintas etnias (quechua, aimara, guaraní, etcétera).

Durante su gestión, se abrió una época de bonanza, bautizada como «el milagro económico». Bolivia fue uno de los países con mayor crecimiento de la región. Según afirma Víctor Beker, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano (Argentina), «este milagro se atribuye en gran parte al boom de las materias primas que vivió el sur de América Latina entre 2005 y 2015». En el caso de Bolivia, «se reflejó en el gas natural, que exporta principalmente a Brasil, aunque también en las ventas de zinc, estaño, oro y plata», explica. Gracias al encarecimiento de estos minerales, obtuvo mayores ingresos, «que generaron un gran superávit comercial y un significativo incremento de las reservas externas». Circulaba en el país más dinero que nunca.

Los números avalan este programa económico sostenido sobre medidas como restricción de exportaciones, establecimiento de cuotas de producción, nacionalizaciones, subida de impuestos, expropiaciones… Así lo resume el periodista Diego González en Deutsche Welle: entre 2006 y 2019, el PIB subió de 9.000 a más de 40.000 millones de dólares, el PIB per cápita se triplicó, aumentó el salario real, las reservas crecieron, la inflación dejó de ser un problema y la pobreza extrema cayó de casi un 38 a un 15%.

Sin embargo, como advierte el economista Iván Velásquez en ese mismo medio, «más allá del crecimiento hay que analizar la calidad de ese crecimiento». En su opinión, «la economía boliviana no se ha diversificado —sigue descansando en la exportación de gas a Brasil y Argentina—, no se ha logrado la industrialización del gas y no hay otras fuentes de generación de ingreso».

 

Noviembre 2019. Manifestantes de la etnia aimara, que apoya a Evo Morales, exigen en La Paz la renuncia de la entonces presidenta interina, Jeanine Áñez | GASTON BRITO - ALAMY 

 

Pese a la mejora que ha experimentado, si se considera el PIB per cápita, la población boliviana tiene un bajo nivel de riqueza —ocupa el puesto 126— en relación con los 196 países del mundo de los que datosmacro.com publica variables económicas. En 2019, el PIB per cápita de Bolivia era de 3.196 euros, frente a los 843 euros registrados en 2005. No obstante, se trata de una cifra que le sitúa entre las naciones más pobres de Latinoamérica y el Caribe, solo por delante de Honduras (2.278 euros), Nicaragua (1.715 euros) y Haití (1.137 euros). Ese mismo año el PIB per cápita de España fue de 26.430 euros. 

Otro indicador relevante es el Índice de Libertad Económica, elaborado por Heritage Foundation basándose en doce factores: derechos de propiedad, integridad del Gobierno, eficacia judicial, gasto público, libertad comercial y de inversión y salud fiscal, entre otros. En este ranking Bolivia ocupa el puesto 172 entre las 178 naciones examinadas y se encuentra dentro del grupo de países reprimidos.

En lo que respecta a educación, en 2008 Bolivia consiguió la declaración «libre de analfabetismo» de la Unesco gracias al plan «Yo sí puedo», gestado originariamente en Cuba. Sin embargo, el país no cuenta con indicadores internos fiables sobre la calidad del sistema educativo. Tampoco participa en otros índices internacionales de medición, como el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), que Evo rechazó en 2016. Dos años después, algunas cabeceras informativas anunciaron la realización de las pruebas en 2019, pero finalmente los estudiantes bolivianos quedaron fuera del estudio.

 

EL PRIMER REVÉS PARA EVO

Si bien Bolivia nunca había contado con un tercer poder verdaderamente independiente, cabe decir, como piensan sus oponentes, que Evo no mostró respeto por la ley y el sistema judicial: el Gobierno enmendó reglamentos, normas y leyes en su beneficio. El punto de inflexión se dio en 2016, cuando Morales convocó un referéndum para modificar la constitución aprobada por su propio partido, que estipulaba un límite de dos mandatos. Después de una campaña muy disputada, el «No» a la nueva carta magna se impuso con un 51% de los votos y marcó un hito en la democracia del país. Fue el primer gran rechazo social al líder de los cocaleros convertido en presidente.

Meses más tarde, como si nada hubiera pasado, el Gobierno activó una tozuda búsqueda jurídica para hacer viable la reelección indefinida. Lo consiguió mediante un amparo al Tribunal Constitucional en 2017, que lo habilitó bajo el argumento de que presentar la candidatura es un derecho humano del que no se puede privar a nadie. En los comicios de 2019 se enfrentó a una oposición fragmentada, reflejo de la realidad social del país. 

Aquel 20 de octubre hubo sorpresas. El Tribunal Supremo Electoral anunció la victoria del partido Movimiento al Socialismo de Morales con el 47% de los votos, mientras que Comunidad Ciudadana, del candidato opositor Carlos Mesa, aglutinó el 36,51. 

 

Octubre 2020. Una mujer participa en un ensayo de votación en un colegio de La Paz cinco días antes de las elecciones | RADOSLAW CZAJKOWSKI - ALAMY 

 

La interrupción en la transmisión televisiva no oficial del conteo rápido resultó desconcertante y dos informes de la Organización de Estados Americanos denunciaron irregularidades. Morales pasó de negar la convocatoria de una segunda vuelta a anunciar la repetición de elecciones para, finalmente, sustituir a los encargados del Tribunal Electoral. Mientras todo eso sucedía, miles de personas hastiadas se manifestaban en las calles pidiendo transparencia. Con el paso de los días las protestas se recrudecieron y dejaron a su paso tres muertos y casi 350 heridos.

Ante la escalada de violencia, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, le «sugirió» en una rueda de prensa a Morales que abandonara el mandato para restaurar la paz en el país. Paralelamente, Yuri Calderón, comandante general de la Policía boliviana, leyó otro comunicado en el que se sumaba a esta petición. 

Horas después, la tarde del 10 de noviembre de 2019, Evo describió los acontecimientos como un «golpe de Estado cívico y policial» y renunció a su cargo para evitar que siguieran «maltratando» a sus compañeros —ministros y diputados— y a sus familiares. Presionados por las amenazas y los ataques en sus domicilios, todas las cabezas del aparato estatal cayeron en cadena. Morales dejó entonces Bolivia y se refugió en México, que le ofreció asilo político. 

 

TRANSICIÓN Y NUEVAS ELECCIONES

Tras el anuncio de Evo, al cabo de dos días, la senadora opositora Jeanine Áñez (San Joaquín, 1967) prestaba juramento en el Congreso, ante los escaños vacíos de los parlamentarios del MAS, como presidenta interina. Una sucesión, según subrayó en su discurso, «prevista en el orden constitucional». Abogada, política y segunda autoridad del Senado hasta entonces, asumió el mandato de convocar unas nuevas elecciones generales, que se retrasaron hasta octubre de 2020 debido a la pandemia. En ese lapso, la comunidad internacional —excepto algunos países como Cuba o Venezuela— reconoció el Gobierno de Áñez, la segunda mujer al frente de Bolivia tras Lidia Gueiler Tejada entre 1979 y 1980.

La crisis del coronavirus impactó con fuerza en Bolivia en ese momento tan delicado —fue el tercer estado del mundo con mayor porcentaje de fallecidos por millón de habitantes tras Perú y Bélgica—. Pero el equipo presidencial, por desavenencias con el Congreso, no pudo aprobar medidas de financiación extraordinaria para frenar la enfermedad. Además, el Ejecutivo de Áñez se vio salpicado por una serie de casos de corrupción, como el sobreprecio en la compra de respiradores, que condujo a destituir al ministro de Salud, Marcelo Navajas.

Pasado con más pena que gloria el año del Gobierno interino, la nueva campaña electoral estuvo muy polarizada, pero no contra el legado de Evo; el breve proyecto de Áñez centró las críticas de los principales candidatos de la oposición. El delfín de Evo Morales, Luis Arce, ganó las elecciones con un 55% de los votos, mientras que Carlos Mesa, que abandera una propuesta de socialismo light, obtuvo un 28. 

 

LA SOMBRA DE EVO

El actual presidente, el catedrático Luis Arce (La Paz, 1963), fue ministro de Economía de Evo durante los años de bonanza, y carga con la acusación lanzada por el responsable de Economía de Áñez de malversación de fondos (más de ocho millones y medio de euros) y de explotación insostenible de las reservas de petróleo.

Arce jugó cómodo durante la campaña. Apeló al «milagro boliviano», apuntalándose él mismo como artífice. Los ciudadanos, con mucho temor a la pandemia y a la evidente crisis económica y social, confiaron en su mensaje de «Vamos a salir adelante». 

 

Noviembre 2020. El nuevo presidente de Bolivia, Luis Arce (en el centro), y su vicepresidente, David Choquehuanca, saludan agarrados de la mano desde el balcón del Palacio de Gobierno | MARTIN ALIPAZ - EFE 

 

La victoria del candidato del MAS, sin embargo, parece alejar de Bolivia la consolidación de la democracia que se vio tan cerca con la marcha de Evo. Aunque Arce y su vicepresidente, David Choquehuanca, invocaron en sus discursos de toma de posesión la paz, la reconciliación y el entendimiento, los hechos, tras más de seis meses en el poder, van en dirección contraria. El nuevo Gobierno empezó por acusar a sus predecesores de golpe de Estado y encarcelarlos en régimen preventivo, incluida la expresidenta Áñez, detenida el 12 de marzo.

Por otra parte, un gran número de voces dentro del MAS reprocha la intromisión de Evo en asuntos políticos de envergadura. La designación forzada de candidatos —el dedazo— ejecutada por el histórico dirigente para las elecciones regionales de marzo de 2021 fue un acelerador notorio de ese descontento. El MAS obtuvo su peor resultado desde 2005 al perder regiones clave y digirió un duro voto de castigo.

Evo regresó a  Bolivia en noviembre de 2020, tras un periplo por Cuba (para someterse a un chequeo médico), México y Argentina. Llegó a pie a la frontera acompañado por el presidente de esta república, Alberto Fernández. Lo recibieron en su región originaria como a un héroe.

 

Marzo 2021. Cientos de manifestantes protestan en La Paz por la detención de la expresidenta Jeanine Áñez | RADOSLAW CZAJKOWSKI - ALAMY

 

Luis Arce, que tuvo la suerte de ser ministro de Economía en el periodo de bonanza durante la gestión de Evo Morales, tendrá que ver cómo maneja ese liderazgo gastado pero indiscutible de su predecesor y, al mismo tiempo, hacer frente a una dura pospandemia y una grave crisis económica. De acuerdo con estimaciones del FMI, la economía boliviana cayó un 7,9% en 2020 y será difícil un cambio fuerte en 2021.

Acercándose al segundo centenario, en 2025, de su declaración de independencia, el país que tuvo como libertador y primer presidente a Simón Bolívar (1825) parece estancado tras el shock de los mandatos de Evo y el encumbramiento de su versión 2.0, Arce, que renuncia a reproducir al original. Junto a él comparten escenario una expresidenta encarcelada y una oposición dividida. Con todos los contrastes bolivianos en efervescencia —ciudad-campo, planicie-montaña, población blanca-población indígena, Santa Cruz-La Paz—, ha llegado el momento de descubrir si hay Bolivia después de Evo.

 

¿Hay justicia?

 

 

Marzo 2021. Jeanine Áñez ingresa en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, en La Paz, para cumplir su detención preventiva mientras se investiga su caso | STRINGER - EFE

 

Hay un consenso casi total en que durante los mandatos de Evo Morales se produjeron en Bolivia grandes irregularidades jurídicas, como el encarcelamiento desde 2009 de una serie de personas acusadas de intentar asesinar al presidente sin pruebas ni sentencia. 

 

En aquella operación, llamada «caso Terrorismo», murieron tres europeos —Eduardo Rózsa Flores, húngaro-boliviano; Árpad Magyarosi, húngaro; y Michael Dwyer, irlandés— que la Policía identificó como mercenarios. También fueron detenidas otras dos personas: Mario Tadic, boliviano-croata, y Elöd Toasó, húngaro.  

 

El grupo lo constituían, en efecto, asesinos a sueldo, aunque contratados por el jefe de la inteligencia de Evo, Jorge Santiesteban, para tender una trampa a grupos separatistas. Al menos así lo relata un cable de la embajada estadounidense en Bolivia destapado en el caso Wikileaks. A partir de esa operación, la Policía persiguió a políticos de la oposición y empresarios tratando de relacionarlos con el caso Terrorismo. 

 

Uno de los presos más incómodos para el Gobierno fue Zvonko Matkovic Ribera (Santa Cruz, 1978). A este economista lo detuvieron preventivamente el 19 de marzo de 2010 y lo presionaron para que se declarase culpable a cambio de obtener la libertad. Él nunca confesó y su carácter simpático y sencillo de víctima inocente le hizo granjearse el cariño popular. 

 

Después de una década, el tribunal extinguió la causa el 4 de febrero de 2020. Poco antes la Fiscalía y el Gobierno interino se retiraron del proceso judicial por considerar que hubo una «acusación falsa» por parte del Ejecutivo de Evo Morales. Matkovic y una treintena de ciudadanos que seguían enjuiciados fueron absueltos de todos los cargos. 

 

Zvonko entró a la cárcel con un hijo de dos años. Y después de ocho de encierro injusto pudo volver a abrazarlo en marzo de 2018, cuando regresó a su casa en régimen de detención domiciliaria por problemas de salud. Libre y símbolo de fortaleza y resistencia, en noviembre de 2020 volvió a la esfera pública como senador suplente de la alianza Creemos por Santa Cruz. En la actualidad, preside la Asamblea Legislativa de ese departamento. 

 

En Bolivia, el 73% de los presos no tiene una sentencia; es decir, uno es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Según la ONG Human Rights Watch, «el uso extendido de la prisión preventiva y las demoras en los juicios hacen que las cárceles estén sobrepobladas y generan condiciones penitenciarias precarias e inhumanas».

 

Parece que la situación se repite con la expresidenta Áñez y su equipo, en prisión preventiva desde hace más de cuatro meses, acusados de golpe de Estado.