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Sobre el puente Simón Bolívar
De todos los países a los que ha llegado el éxodo venezolano, Colombia es el que más inmigrantes recibe, casi tres millones. Desde las elecciones presidenciales en Venezuela en julio, que concluyeron en un fraude electoral con el que el presidente Nicolás Maduro dio inicio a su tercer mandato, cientos de miles de personas han decidido emprender el viaje a otras tierras, muchos de ellos a pie y atravesando las ciudades fronterizas colombianas en búsqueda de nuevas oportunidades. Se teme que la crisis migratoria se intensifique por la tensión que vive Venezuela en las horas previas a la toma de posesión de Maduro y la posible vuelta de Urrutia.
Por el puente internacional Simón Bolívar, que conecta San Antonio del Táchira (Venezuela) y Cúcuta (Colombia) transitan carros, autobuses, motos y peatones todos los días. Desde julio de 2024 se ha intensificado ese tráfico. Los venezolanos que recorren sus 315 metros solo tienen que mostrar la cédula de identidad, no hace falta pasaporte. Quienes pasan para no volver a su tierra se suman a los 7 891 241 que se encuentran en el exterior, registrados hasta diciembre de 2024 por la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela.
«Yo nunca voy a hablar mal de Venezuela. Es un país bello, pero es muy difícil salir adelante», reconoce Wilfredo, que no alcanza los 40 años. Es domingo, 8 de septiembre. En el extremo final del puente, da instrucciones a un carruchero, al que ha contratado para que cargue varias maletas en una carretilla. No pueden ir muy rápido: están esperando a una chica que lleva de la mano a un hombre mayor que camina con pasos cortos y temblorosos. «Cuando nos robaron el voto, decidí que tenía que irme con mi familia». Después de veinticinco años de chavismo —la presidencia de Nicolás Maduro desde 2013 dio continuidad al mandato de Hugo Chávez, que había tomado el poder en 1999— , todas las encuestas auguraban una clara victoria de la oposición en los comicios del 28 julio. Sin embargo, el Centro Nacional Electoral (CNE) proclamó ganador a Maduro y se negó a presentar las actas, un fraude que ha desencadenado una nueva ola migratoria.
La fundación colombovenezolana Nueva Ilusión ha advertido de que, a raíz de las elecciones, más de 140 venezolanos han cruzado la frontera cada día desde el estado de Táchira hasta Cúcuta, la capital del departamento colombiano de Norte de Santander. Para la mayoría, Cúcuta es solo una estación de paso. Se dirigen a otros destinos con más oportunidades, como Medellín —seiscientos kilómetros al oeste— o Bogotá, —550 kilómetros al sur—. Ambas rutas pasan por «la neverita», un trecho famoso por sus bajas temperaturas cerca del municipio colombiano de Pamplona en el que han muerto casi 20 caminantes, y obligan a hacer un alto en la ciudad de Bucaramanga. Una vez en Medellín, algunos tratan de recorrer el país —otros 260 kilómetros— y entrar en Panamá a través del Tapón del Darién, una selva en la que actúan varios grupos criminales. Ese es el trecho más peligroso por la presencia de bandas criminales, enfermedades tropicales y ríos caudalosos que pueden arrastrar a los que los cruzan, así como por la posibilidad de perderse en la selva. Desde Panamá pueden conectar con diversas rutas migratorias centroamericanas hacia los Estados Unidos.
PARA LA MAYORÍA, CÚCUTA ES SOLO UNA ESTACIÓN DE PASO. SE DIRIGEN A OTROS DESTINOS CON MÁS OPORTUNIDADES, COMO MEDELLÍN —SEISCIENTOS KILÓMETROS AL OESTE— O BOGOTÁ, —550 KILÓMETROS AL SUR—.
La conversación con Wilfredo se ve interrumpida por los alaridos de un vendedor de tarjetas SIM que ofrece sus servicios a gritos a los peatones que pasan por el puente. Su voz se alza sobre las de los taxistas y mototaxistas, los autobuseros, las casas de cambio, los que ofrecen comida y los que anuncian que tienen un baño disponible para los más urgidos. No es la primera vez que Wilfredo viene en busca de otra vida: había residido en Medellín desde hace unos tres años hasta el verano de 2023. Entonces volvió a Guárico, el estado venezolano donde nació, impulsado por la esperanza en otro futuro. Solo un año después, la represión política y la crisis económica lo empujan de nuevo al exterior.
FRAUDE ELECTORAL
El 29 de julio de 2024, a primera hora de la mañana, empezaron a escucharse cacerolazos por toda Caracas, primero en los balcones, luego en las calles, acompañados de gritos contra Maduro. Hacia el mediodía, miles de ciudadanos habían tomado el asfalto en la capital de Venezuela para luego encontrarse con los perdigones y las balas de militares, policías y grupos armados adeptos al chavismo. El objetivo de las manifestaciones era el CNE, en el centro de la ciudad. Esa madrugada, la institución había dado oficialmente la victoria electoral al presidente Maduro. La líder opositora María Corina Machado, inhabilitada para ejercer cargos públicos desde 2015, cuando ganó las primarias de su partido —una práctica habitual del opaco sistema venezolano—, declaró que su sustituto, Edmundo González Urrutia, era el verdadero presidente electo. Esgrimió las actas que publicó su partido, Vente Venezuela, y que reconocen como auténticas países como Perú, Estados Unidos, Argentina, Reino Unido, Ecuador, Panamá, Costa Rica y Uruguay. Hasta ahora se han registrado 25 575 actas que los apoderados del partido recogieron en sus respectivas mesas electorales al finalizar la jornada. Según esos datos, González Urrutia habría aglutinado el 67% de los votos, frente al 30% de Maduro. En cambio, el oficialismo dio por ganador a Maduro con un 51,95 por ciento de los sufragios, aunque sin publicar las actas que lo demostrarían.
Desde el 7 de septiembre y hasta el inicio de una gira internacional en enero del 2024 para reunir el apoyo de los presidentes de Estados Unidos, Argentina y Uruguay antes de la toma de posesión, González se encuentra exiliado en Madrid después de recibir amenazas contra él, incluida una orden de arresto, y su familia. Antes de abandonar el país, el presidente electo se refugió en la residencia del embajador de España en Caracas, Ramón Santos. Allí se personaron los hermanos Rodríguez, altos cargos del chavismo: Jorge, presidente de la Asamblea Nacional, y Delcy, vicepresidenta y ministra de Petróleo que protagonizó un escándalo por su entrada en enero del 2020 en España a pesar de una prohibición de la Unión Europea. Los hermanos Rodríguez portaban un documento para que González Urrutia lo firmara «o se atuviera a las consecuencias» en el que reconocía la victoria de Maduro. Unos días después, el 18 de septiembre, González Urrutia publicó un vídeo en X en el que denunciaba que el papel no tenía validez jurídica por haberlo rubricado bajo coacción. El régimen ha sostenido que el candidato opositor firmó la carta voluntariamente, y se atribuye a sí mismo, además, la negociación de su asilo político. El Gobierno español puso un avión de sus Fuerzas Aéreas para la salida de González Urrutia.
El día siguiente a la huida de González Urrutia, en el puente Simón Bolívar, el nombre de un servidor le trae a Wilfredo a la memoria a Virgilio Laverde, estudiante de Medicina de 24 años. Coordinaba la sección juvenil de Vente Venezuela en el estado de Bolívar hasta que agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas lo secuestraron el 15 de agosto. Es uno de los casi 1900 detenidos por motivos políticos desde las elecciones presidenciales. Entre los apresados, 69 eran menores de edad, de acuerdo con la ONG Foro Penal. Wilfredo sintió miedo ante esta ola de encarcelamientos, especialmente a raíz de que detuvieran a varios conocidos que protestaron a su lado, y a otros por publicar mensajes en redes sociales contra el Gobierno y el CNE.
Desde los comicios han muerto violentamente 25 personas en las manifestaciones, que además dejaron un saldo de al menos 192 heridos. Son datos de un informe publicado en octubre por la Misión internacional independiente de determinación de los hechos de la ONU, que busca aclarar las presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas en Venezuela desde 2014, el mismo periodo en el que la Corte Penal Internacional investiga posibles crímenes de lesa humanidad.
La operación Tun Tun, como la ha llamado Diosdado Cabello, figura histórica del chavismo y ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, forma parte de la represión contra la disidencia, e incluye entre sus prácticas la identificación de casas con una equis en la puerta, la revisión de mensajes y publicaciones en los móviles y el allanamiento de las moradas de quienes se expresan en contra del régimen. Los detenidos, en muchos casos por motivos arbitrarios, han sufrido torturas y violaciones bajo custodia.
A pesar del exilio, González ha mantenido que regresará a Venezuela para tomar posesión como presidente. «Yo debo asumir el rol de comandante en Jefe», declaró González en un video difundido el 5 de enero, en el que pedía a los soldados «romper» con la cúpula militar y ser «garantía de la soberanía y el respeto a la voluntad popular». Un grupo de expresidentes latinoamericanos, entre ellos Felipe Calderón, Vicente Fox, Ernesto Pérez Balladares y Jorge Quiroga, han manifestado su intención de acompañarle en su regreso a Caracas.
La respuesta del régimen fue inmediata. El 7 de enero, hombres encapuchados secuestraron a Rafael Tudares, yerno de González, mientras llevaba a sus hijos de 6 y 7 años al colegio. «¿En qué momento se convirtió en un delito ser familia de Edmundo González Urrutia?», denunció Mariana González, hija del candidato opositor, en redes sociales. El incidente provocó que González cancelara su agenda en Washington, donde se había reunido con el presidente Biden, para viajar a Panamá. Además, María Corina Machado denunció el mismo día que las fuerzas de seguridad del Gobierno han rodeado la casa de su madre en Caracas, y al menos 11 dirigentes y activistas han sido detenidos desde el lunes 6 de enero. La tensión en Venezuela es máxima, a 24 horas de la toma de posesión, y se desconoce el impacto que puede llegar a tener en la crisis migratoria.
POR ENCIMA O POR DEBAJO DEL PUENTE
Entre el 3 y el 6 de septiembre hubo una huelga de transporte en Colombia por una subida en el precio del diésel. Los venezolanos que cruzaron el puente a lo largo de aquellos cuatro días se vieron forzados a escoger entre quedarse en los pueblos fronterizos como La Parada —el primer municipio al poner un pie en Colombia—, sin buses ni taxis disponibles, o seguir caminando. Un hombre llamado Lisandro esperó a que se reanudaran los servicios de transporte el viernes 6 de septiembre antes de dirigirse al puente. Llevaba mucho tiempo dándole vueltas a la idea de emigrar. «La cosa allá está muy fea, la plata que ganas no te vale para nada y lo que uno quiere es salir adelante», dice. Su hermano, Yefry, hace señales a un taxista. Aunque debutó como futbolista en un equipo de tercera división, también comparte su anhelo. «Después de las elecciones empecé a prepararme para irme», asegura.
También hay quien busca negocios en estas olas migratorias. «Yo aquí tengo trabajo», dice Carlitos [nombre ficticio] mientras maneja hacia Cúcuta desde el barrio de La Parada. Se define como «un contrabandista a pequeña escala», un «pulpo» en un mundillo en el que hace falta «tener la mano metida en todos los sectores», como los repuestos de carros, instrumentos de veterinaria y el transporte de venezolanos. «Pasa que siempre llevo poca mercancía; si el que se dedica a esto lleva más mercancía, tendría que decidir si paga más aranceles al pasar por los controles migratorios o si se va por las trochas».
ENTRE EL 3 Y EL 6 DE SEPTIEMBRE HUBO UNA HUELGA DE TRANSPORTE EN COLOMBIA POR UNA SUBIDA EN EL PRECIO DEL DIÉSEL. LOS VENEZOLANOS QUE CRUZARON EL PUENTE A LO LARGO DE AQUELLOS CUATRO DÍAS SE VIERON FORZADOS A ESCOGER ENTRE QUEDARSE EN LOS PUEBLOS FRONTERIZOS O SEGUIR CAMINANDO.
Quienes no pueden cruzar el puente utilizan estas vías ilegales a través de la maleza —hay varias entre el estado venezolano de Táchira y el colombiano de Norte de Santander, centenares más a lo largo de los lindes del país— para llegar a Colombia, varias de ellas vigiladas por guerrillas. En terrenos tan amplios, es común la presencia clandestina de las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), a las que Chávez permitió operar dentro de territorio venezolano, así como de bandas de crimen organizado. Entre estas destaca el Tren de Aragua, una pandilla carcelaria que ha crecido hasta volverse una banda transfronteriza de extorsión, narcotráfico y trata de personas cuyas primeras conquistas fuera de Venezuela fueron en este espacio fronterizo y llegando hasta La Parada, donde se enfrentan con las fuerzas del ELN por el dominio del territorio, dejando cadáveres mutilados en la ciudad y en la selva. En estos espacios también operaba hasta el pasado septiembre un grupo dedicado al contrabando, al narcotráfico y al cobro por el ingreso irregular de migrantes en Colombia, en el que se implicaban agentes del cuerpo policial de la Metropolitana de Cúcuta, de los cuales diez fueron detenidos.
«Pasar por ahí, por las trochas, fue horrible, agarraban a las muchachas para llevárselas», cuenta una mujer que prefiere preservar su anonimato. Salió de Barquisimeto en 2017 y recuerda cómo, en medio de aquel «laberinto en la selva», un hombre la sujetó del pelo para secuestrarla y a otros compañeros los apalearon. Ella logró escapar, aunque, una vez en Cúcuta, la retuvieron varios días en las oficinas colombianas de Migración antes de que le permitieran hacer vida en la ciudad. «Pero es que en Venezuela las cosas estaban muy duras».
«Si usted se mete por una trocha, es porque es un malaconducta, tiene antecedentes penales, o va a transportar mercancía que no puede pasar por el puente; ahí lo que se hace es negociar», explica Carlitos. Apunta con el dedo a los cerros del lado venezolano, bajando la voz. «Arriba están las cocinas de droga, de las que saca sus ingresos la guerrilla colombiana». «Son otra autoridad», comenta, y añade que intervienen en la migración y el contrabando desde que «expulsaron a los paramilitares [otros grupos armados sin un liderazgo único y con un largo historial de violencia en varias regiones colombianas] que extorsionaban a los comerciantes». «Sí, es malísimo ver una fila de camionetas sin placa o que las tapan, y que los que se bajan están todos armados, pero la realidad es que ahora San Antonio del Táchira, del lado venezolano, es más seguro, ellos no van detrás del comercio ni piden vacunas [una extorsión] como los paramilitares. El que pide vacunas, lo matan. Y tú no vas a robar ahí porque…». Carlitos imita el sonido de un cuchillo que corta el aire mientras se pasa el dedo por el cuello. «La guerrilla maneja la frontera porque el Gobierno venezolano lo ha permitido y trabajan con los militares, que les prestan respeto y también cobran por el paso, igual que aquellos».
ANTE LA CRECIENTE LLEGADA DE VENEZOLANOS, EL GOBIERNO DE COLOMBIA COMENZÓ A ADOPTAR EN 2017 UNA SERIE DE MEDIDAS TRANSITORIAS, COMO LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS ESPECIALES DE PERMANENCIA. EN 2021 DEJARON DE EXPEDIRSE PORQUE SE APROBÓ EL ESTATUTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN PARA MIGRANTES VENEZOLANOS.
Mientras prosigue la ruta, Carlitos señala a quienes caminan hacia Cúcuta. «A las seis de la mañana nada más pasan los muchachitos que van al colegio, que vienen a Colombia por la calidad de la educación. Yo era profesor de Informática en Venezuela, pero me di cuenta de que eso no da ni para un par de zapatos». Muchos cruzan desde San Antonio del Táchira, ciudad que él describe como «un barrio marginal de Cúcuta». Saca un fajo de billetes de pesos colombianos, que circulan más que los bolívares venezolanos en esta zona, para remachar sus declaraciones, aunque dice que San Antonio se parece a Venezuela «cuando se va el agua y la luz». Un apagón ocurrido el 30 de agosto de 2024, dos días después de las elecciones, dejó a casi toda Venezuela sin electricidad, y otros han afectado varias regiones durante la semana previa a la toma de posesión de la presidencia.
El paso transfronterizo, a pesar de todo, vive un momento de alivio. En agosto de 2015, Maduro ordenó cerrar los puentes sobre el Táchira a los vehículos en medio de una crisis humanitaria y diplomática por la supuesta presencia de grupos paramilitares colombianos en Venezuela. Cuatro años después, en 2019, la tensión aumentó —Iván Duque, antecesor de Gustavo Petro al frente del Gobierno colombiano, había reconocido a Juan Guaidó como ganador de las elecciones venezolanas de aquel año—, y las relaciones diplomáticas entre Caracas y Bogotá se rompieron por completo. Esa situación duró hasta agosto de 2022, cuando se restablecieron las embajadas con el ascenso de Petro a la presidencia colombiana. Entonces se abrió de nuevo la frontera, a lo que siguió la inauguración en 2023 del puente Atanasio Girardot y, en 2024, del puente La Unión.
Ante la creciente llegada de venezolanos, el Gobierno de Colombia comenzó a adoptar en 2017 una serie de medidas transitorias, como la expedición de permisos especiales de permanencia. En 2021 dejaron de expedirse porque se aprobó el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, “un gesto humanitario emblemático para la región” y “una extraordinaria muestra de humanidad, compromiso con los derechos humanos y pragmatismo”, según Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Más de dos millones y medio de personas se acogieron al Estatuto hasta noviembre de 2023, cuando venció el último plazo para solicitar este amparo, y se calcula que cerca de medio millón de migrantes quedaron en situación irregular. Para estas personas se creó en septiembre de 2024 la Visa Visitante Especial, un visado temporal que caduca al final del mandato de Petro, en 2026. Además, en diciembre de 2024 ha entrado en vigor el Permiso Especial de Permanencia para Representantes Legales o Custodios de menores y adolescentes.De acuerdo a las cifras de Migración Colombia, este documento busca proteger a más de 270 000 niños venezolanos sin núcleo familiar registrado y particularmente vulnerables a las redes de trata y tráfico de personas.
Durante su campaña electoral, Gustavo Petro hizo dos promesas: el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela y la paz total con las guerrillas, una continuación de los procesos de paz con las FARC en los que Venezuela actuó como facilitador y garante. En ese contexto, mantener una buena relación con el régimen de Maduro es una prioridad. Pese al apremio internacional y del propio Senado, Petro no se ha pronunciado sobre la situación más allá de exigir transparencia y ofrecerse como mediador entre el chavismo y la oposición, igual que los mandatarios de México y Brasil, Claudia Sheinbaum y Luiz Inácio Lula da Silva. El Gobierno colombiano ha pospuesto el anuncio de su postura hasta el 10 de enero de 2025, fecha prevista para la jura del cargo en el Palacio de Miraflores, en la cual Colombia, México y Brasil tendrán representación diplomática.
BOLIVARIANO
Las fotografías que acompañan esta crónica forman parte de la serie Bolivariano, del fotoperiodista Álvaro Ybarra Zavala. Desde 2009 ha documentado con su cámara el paso del sueño socialista del siglo XXI al hundimiento de Venezuela. Sus imágenes, publicadas en XL Semanal, han recorrido el mundo —la que se muestra sobre este texto fue portada de la revista Time— y se presentaron de nuevo en octubre de 2024 en una exposición en la Puerta del Sol de Madrid.
UNOS SE DETIENEN, OTROS CONTINÚAN
En el barrio fronterizo de La Parada, varios jóvenes se alejan del puente con camisas que dicen Missione Possibile, encabezados por los pastores Mauricio Tapias, de Colombia, y Gerry Testori, italiano. Se trata de una misión cristiana que ayuda «a los hermanos venezolanos que cruzan la frontera», explica Mauricio. «El camino hasta Bucaramanga, desde donde puedes ir a Medellín o Bogotá, tarda menos de siete horas en carro, pero la gente se pasa dos o tres días andando», dice. Bucaramanga es, a 188 kilómetros de Cúcuta, la segunda ciudad importante —más de seiscientos mil habitantes— en el viaje de los venezolanos que huyen de su tierra. «También dejan de montarse en autobuses porque pueden detenerlos si van sin documentos en un vehículo o si llevan a otros indocumentados, especialmente niños».
Los misioneros se dirigen a unas invasiones en Cúcuta, como llaman a las casas en las que viven inmigrantes sin contratos de alquiler ni títulos de propiedad, en una zona controlada por grupos que solo dejan pasar a quienes conocen y que saben que prestan ayuda a los habitantes. No aclaran de qué grupo se trata, pero sugieren que se dedican a actividades «informales».
A PAMPLONA (COLOMBIA) LA LLAMAN "LA NEVERITA". ALLÍ HAN MUERTO CONGELADOS TANTOS MIGRANTES QUE EL GOBIERNO TUVO QUE ADVERTIR A LOS VIAJEROS DE QUE NO CRUZARAN DESPUÉS DE LAS DOS DE LA TARDE.
El padre Gerry declara que los venezolanos viven en condiciones paupérrimas en estos asentamientos. Los que se quedan en estas casas ocupadas empiezan vidas nuevas fuera de los registros oficiales y enfrentan enormes dificultades por hacerse cargo de los niños que los acompañan, a pesar del apoyo de organizaciones como la de los misioneros, que enumeran algunas de sus experiencias. «Una mujer que atendemos tiene seis hijos de diferentes padres, y eso sin un hombre en la casa», subraya el italiano.
También siguen los casos de los caminantes que continúan su trayecto más allá de Cúcuta. Gerry muestra fotos de una familia con la que mantiene el contacto. «Él tiene 26, y ella, 34; tienen tres niños y todos están absolutamente agotados». En las imágenes, cada uno lleva una mochila, y sus sonrisas no tapan las ojeras. Mientras cuenta su historia, recibe un mensaje del padre de familia que aparece en la fotografía, en el que le avisa de que acaban de llegar al municipio colombiano de Pamplona, a medio camino entre Cúcuta y Bucaramanga. A Pamplona la llaman “la neverita”. Allí han muerto congelados tantos migrantes que el Gobierno tuvo que advertir a los viajeros de que no cruzaran después de las dos de la tarde.
Lo que cuentan los lugareños a los migrantes que se dirigen allá es sobre el frío que enfrentarán en el «páramo de Berlín», parte de la cordillera andina que pasa por Pamplona y alcanza los 3200 metros de altura y donde las temperaturas pueden alcanzar los 15 grados bajo cero. Es un tramo letal del recorrido que separa Cúcuta de Bucaramanga, unos 190 kilómetros en los que pasan de soportar un sol aplastante a aguantar noches gélidas. Los muertos en el «páramo de Berlín» ocuparon los titulares en septiembre de 2018, cuando se registraron los fallecimientos por hipotermia de al menos diecisiete venezolanos, nueve de los cuales eran niños. En el páramo también han muerto un niño no nacido en 2019 y un bebé de dos meses en 2020. Varias iniciativas en la zona albergan a los caminantes que pasan por Pamplona, además de ofrecer servicios de salud y ropa que les proteja contra el frío, como medias y chaquetas.
Pero estos riesgos no se comparan con los del Tapón del Darién, que atraviesan los caminantes que siguen por tierra desde Colombia hasta Panamá para continuar su viaje hacia el norte, una tendencia que ha aumentado desde las elecciones, según la organización humanitaria Refugees International, aunque en el 2024 disminuyó el número de migrantes que la atraviesa (alrededor de 300 000 en total frente a los 520 000 del año anterior, de acuerdo con el Servicio Nacional de Migración panameño). Unos 25 111 migrantes pasaron por el Darién en septiembre de 2024, alrededor de un 51% más que en agosto, según el Ministerio de Seguridad de Panamá.
Algunos deciden contratar los servicios de los coyotes, que cobran sumas cuantiosas de dinero para guiarlos a través de la selva, pero su presencia no protege contra la violencia sexual, los robos, los asesinatos, la enfermedad, los ahogamientos y el agotamiento que ha acabado con cientos de vidas, como han podido confirmar The Lancet y el Proyecto Migrantes Desaparecidos. En esta situación, varios de los cuerpos no han podido identificarse y quedan numerosísimas personas desaparecidas después de entrar al Darién, lo cual dificulta la posibilidad de conocer una cifra aproximada de muertos. Para apoyar la promesa del presidente panameño, José Raúl Mulino, de frenar la migración, Estados Unidos baraja la posibilidad de hacer deportaciones aéreas de los venezolanos que atraviesan este paso, según ha detallado la agregada regional de seguridad interna de EE. UU., Marlen Piñeiro.
El domingo 8 de septiembre, mientras Edmundo González Urrutia estaba instalándose en Madrid, atravesaron el puente Simón Bolívar, cada uno en una dirección, Wilfredo y una mujer llamada María. En La Parada, ya del lado colombiano, el carruchero que lleva las maletas de Wilfredo se sienta a la sombra de un edificio. «No creo que Venezuela salga de esto sin violencia», murmura. Él también pasó este puente hace diez años.
—Si hubieras pasado el lunes, martes, miércoles o jueves, te ibas a quedar aquí —le dice a Wilfredo—. ¿No sabías del paro del transporte?
—Habría cruzado por el puente, por una trocha o por donde fuera —responde.
—Sí, habrías cruzado. Pero aquí te ibas a quedar.
Sentada en la misma acera, María ha tomado la decisión de volver a Venezuela. Su hermano acaba de morir a seiscientos kilómetros de allí, en Barquisimeto, donde cuidaba a la madre de ambos y a los cinco hijos de María. «Llevo una semana en Colombia y no conseguí trabajo», dice con los ojos aguados y un temblor en la voz. «Después de que entré, mostrando la cédula, no pude moverme por el paro de transporte». Le habían robado los papeles en el viaje. Y suspira: «Voy a tener que devolverme, aunque allá no hay vida y el presidente no sirva para nada».
