Número 697.

enero - marzo 2018

Treinta segundos para asaltar la ONU

Texto y fotografía: Blanca Basanta Vázquez [Com 20]

El 6 de octubre de 2017, en la oscuridad de la estación de Renfe de Pamplona, a las seis de la mañana, Olivia Serrano [Máster en Derechos Humanos 18], Laura Venzal [Der 18] y Nacho Peré [Der 18] esperan a que una voz anuncie por el megáfono su tren con destino a Barcelona. La capital catalana es la primera escala en su viaje a Ginebra, adonde se dirigen para defender ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU el derecho a la vida. Su misión es la de «hacer lobby». Aunque esta expresión se asocia con frecuencia a grupos sesgados ideológicamente que tratan de imponer sus posturas al conjunto de la ciudadanía, incluye también el ejercicio que llevan a cabo las organizaciones de la sociedad civil cuando en las instituciones se debaten temas relevantes. Nacho Peré, Laura Venzal y Olivia Serrano viajan con ese cometido. El entusiasmo, la energía y la vitalidad que muestran revelan que tienen verdadera fe en sus convicciones. 

A pesar del sueño, una animada conversación brota de los argumentos y las aspiraciones que les han hecho coincidir en este viaje hasta adentrarse en sus propias biografías. Todo comenzó con Olivia. Es mexicana, tiene veintisiete años y, según cuenta, estaba buscando varios jóvenes dispuestos a dejarlo todo durante tres días para defender en Ginebra el derecho a la vida frente a algunas concesiones del derecho internacional al aborto y la eutanasia. En la ciudad suiza se iba a reunir el Comité de Derechos Humanos para revisar el borrador de Comentario General sobre el derecho a la vida. El proyecto forma parte, a su vez, del debate sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Movidos por un ideal

El objetivo de Olivia era crear un grupo para abordar a los expertos del Comité y tratar de convencerles de que es un error considerar el aborto o la eutanasia derechos de las personas. En esa aspiración se encontró con Laura Venzal y Nacho Peré, estudiantes de cuarto de Derecho. Un solo argumento les bastó a ambos para aceptar la proposición de Olivia. En el caso de Nacho fue decisiva su propia experiencia: «No necesitas que te enseñen que hay un derecho a la vida. Necesitas que te digan que se llama derecho a la vida, pero sabes que todo el mundo tiene ese derecho. Yo dejé la fe hace unos años. Dejé de creer en muchas cosas, aunque otras nunca las abandoné, porque estaban muy arraigadas en mí. No era por el hecho de tener un Dios o no tenerlo, sino por el hecho de que siempre están tu conciencia y tu humanidad diciéndote: “Esto no lo puedes dejar atrás”». Para Laura fue suficiente oír juntas en la misma frase las palabras derecho, vida, defender y ONU: su alma de jurista y su conciencia comprometida con la defensa de los derechos fundamentales despertaron en ella la necesidad de asumir el reto. 

La historia se repetía en la vida de Olivia, y su experiencia calmaba el nerviosismo de sus dos compañeros. Con dieciséis años empezó su andadura por los pasillos de la ONU y la Organización de los Estados Americanos como miembro de la ONG “Construye. Observatorio Regional para la Mujer de América Latina y el Caribe”. Se trata de una iniciativa surgida en México en 2006 para mejorar la calidad de vida de las mujeres. En Construye, comenzó a hacer lobby en organismos internacionales, estuvo presente en sus reuniones y revisó qué y cómo negociaban en relación con políticas y proyectos para la mujer. Olivia cree en el poder de la ciudadanía si está organizada: «La sociedad civil es la clave de la política y la democracia. Hay momentos en los que los Gobiernos actúan como quieren porque la sociedad está dormida, no reclama, ni hace, ni vigila nada». Al terminar su reflexión frunce el ceño, mira con ojos seguros y continúa: «Un Gobierno verdaderamente efectivo debe ir de la mano de la sociedad civil activa, que funcione como un mecanismo de control exigente. Así vela por el cumplimiento de los compromisos, porque, de lo contrario, lo que priman son los intereses particulares». Fue la necesidad de influir en un asunto que afecta a la dignidad de la persona lo que la impulsó a emprender este viaje. 

«Autoritas» vs «potestas»

Es viernes, 27 de octubre de 2017. Son las ocho de la mañana y los rostros de Laura, Olivia y Nacho oscilan entre la sorpresa y la emoción. No pueden sustraerse al ambiente de grandeza y profesionalidad que destilan las oficinas de Naciones Unidas. Los focos todavía alumbran las banderas de los Estados miembros, dispuestas en paralelo ante la entrada principal. Los tres estudiantes caminan por los jardines del Palacio de las Naciones. No tienen miedo, ni dudas. Recogen sus acreditaciones mientras repasan las tácticas del juego y de su discurso. Se pasean silenciosos bajo la cúpula de Miquel Barceló que cubre la Sala de los Derechos Humanos y no pueden resistir la tentación de sentarse en las sillas de los representantes de Kenia, Jordania o México. Simulan que son ellos quienes dirigen un debate real sobre los derechos humanos. 

Por los pasillos conversan sobre la verdadera influencia de estos organismos. ¿Realmente sirve para algo defender el derecho a la vida en una entidad como la ONU, cuyas resoluciones no son vinculantes? Laura deja escapar un suspiro y trata de explicarlo: «Yo creo que, muchas veces, por no decir siempre, es más importante invertir esfuerzos en crear una opinión fundamentada y abrir escenarios de búsqueda de la verdad que ser representativo».  «Antes de preguntar a los ciudadanos qué piensan sobre un asunto —continúa—, deben formarse al respecto. Para que entre todos podamos buscar el bien común (que no coincide necesariamente con la opinión de la mayoría), la sociedad necesita información para orientar su postura.  Por eso resulta tan indispensable la aportación de expertos que, como los de este Comité, investiguen sobre diferentes temas. Mediante la divulgación de sus conclusiones, la gente podrá formar más su criterio, hacerse preguntas. Entonces sí tiene sentido pleno la democracia: se trata de un voto sustentado». 

Olivia pone como ejemplo el propósito que les ha traído hasta Ginebra: «El valor no reside en lo que están reconociendo
—aunque también—, sino en quién lo
reconoce. La ONU funciona para los Estados como un organismo de autoridad moral. Si la ONU admite que existe el derecho a abortar o el derecho a la eutanasia, los países podrían utilizarlo como argumento para su legalización. La importancia de la ONU no estriba en su poder, sino en su autoridad». 

Un deseo, ¿un derecho?

«No cualquier deseo puede convertirse en un derecho —subraya Olivia—. Desafortunadamente, en la actualidad los derechos humanos en las organizaciones internacionales con frecuencia se ven como los deseos, a veces caprichosos, de la gente. Que algunas cosas estén permitidas no quiere decir que sean derecho», añade.

También se refiere a la actuación del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Formado por dieciocho expertos independientes, este órgano tiene la función de revisar los documentos, hacer actualizaciones y reexaminar pactos y convenciones internacionales para darles un enfoque desde la perspectiva de los derechos humanos. El año pasado se reunieron en dos ocasiones. En el segundo período de 2017 lo hizo para evaluar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Con este fin el Comité ha elaborado el proyecto de Comentario General sobre el Derecho a la Vida. En este documento se recogen afirmaciones como que «el derecho a la vida es un derecho que no debe interpretarse estrictamente», pues incluye el derecho «a disfrutar de una vida digna». El párrafo 9 interpreta que esto significa que no disfrutar del «derecho al aborto» es una violación del derecho a la vida con dignidad. Este mismo fragmento reconoce el derecho de los Estados a «adoptar medidas destinadas a regular la interrupción del embarazo», y queda prohibido el sufrimiento causado por tratos inhumanos, crueles o denigrantes contra la mujer en las situaciones en las que se practique el aborto. El párrafo 9  afirma que «los Estados partes deben proporcionar acceso seguro al aborto para proteger la vida y salud de las mujeres embarazadas, y, en situaciones en las que llevar un embarazo a término causaría dolor o sufrimiento sustancial a la mujer, sobre todo cuando el embarazo es el resultado de una violación o incesto o cuando el feto sufre un impedimento fatal». Y continúa: «El deber de proteger las vidas de las mujeres contra los riesgos de salud asociados con los abortos inseguros requiere que los Estados partes garanticen el acceso de mujeres y hombres, y en particular de adolescentes, a información y educación sobre opciones reproductivas, y a una amplia gama de métodos anticonceptivos. Los Estados partes también deben garantizar la disponibilidad de una atención médica prenatal y postaborto adecuada para las mujeres embarazadas».

La eutanasia aparece en el punto 10 del Comentario. Sobre ella se establece que «los Estados deberían tomar medidas adecuadas, sin violar sus otras obligaciones con el Pacto, para prevenir los suicidios, especialmente entre las personas en situaciones particularmente vulnerables. Al mismo tiempo, los Estados partes [pueden permitir] [no deben impedir] que los profesionales médicos proporcionen tratamiento médico o los medios médicos para facilitar el cese de la vida de adultos [catastróficamente] afectados, como los heridos de muerte o los enfermos terminales, que experimentan dolor y sufrimiento físico o mental severo y desean morir con dignidad. En tales casos, los Estados partes deben garantizar la existencia de garantías jurídicas e institucionales sólidas para verificar que los profesionales médicos cumplan con la decisión libre, informada, explícita e inequívoca de sus pacientes, con el fin de proteger a los pacientes de la presión y el abuso».

Son precisamente las afirmaciones entrecomilladas de los párrafos anteriores y los matices del Comentario que aparecen entre corchetes los que han llevado a Olivia, Laura y Nacho hasta el Palacio Wilson, donde se reúne el Comité. Les recibe Rubén Navarro, representante de ADF International [Alliance Defending Freedom] ante la sede de la ONU en Ginebra. ADF Internacional es «una organización jurídica, de abogados dedicados a la protección de los derechos fundamentales, como el derecho a la vida, el matrimonio, la familia y la libertad religiosa». Rubén Navarro habla bajito, pero con la autoridad y convicción de quien se sabe defensor de una causa justa, aunque genere mucha polémica. Critica la actitud egocéntrica de ciertos ponentes que recorren los pasillos de la ONU como si en el maletín solo cargasen con sus intereses. Les cuenta antecedentes relativos al aborto y a la eutanasia, comparte con ellos su visión sobre el alcance del trabajo del Comité y les expone la razón que justifica la iniciativa en la que se han implicado: «Aunque en teoría los miembros del Comité han sido designados por los gobernantes de sus países y lo lógico sería que actuasen de acuerdo con la línea política e ideológica de sus respectivos Gobiernos, en la práctica cada uno conserva su propia opinión y decide conforme a ella». El sistema de elección de los miembros del Comité y su perfil profesional y político conduce, a su juicio, a que las ideologías y las opiniones personales pesen «demasiado». 

La sociedad civil

La noche anterior, los tres estudiantes y otros miembros de distintas ONG europeas que también habían viajado a Ginebra para hacer lobby se reunieron en un restaurante libanés —asequible para un bolsillo español en la segunda ciudad más cara de Europa— con Rubén Navarro. Rubén les explicó las claves para moverse y dialogar con los expertos: después de escuchar con atención los comentarios, opiniones y matices de unos y otros, deberían aprovechar el descanso de la reunión para acercarse a aquellos que pudiesen manifestar dudas en su postura y procurar darles razones sencillas y eficaces. «No se trata tanto de proporcionarles argumentos sobre la moralidad del asunto —les sugirió— como de hacerles ver la repercusión que esta aprobación tiene en los países, y cómo puede abrir la puerta a otras muchas peticiones no justificadas».  

Con esta premisa entran en el Palacio Wilson, coronado por la bandera de la ONU. Los tres estudiantes avanzan por sus pasillos sin hablar, envueltos por una luz grisácea. En la sala, los expertos se colocan en dos bloques paralelos para facilitar una discusión rápida, directa y concisa. Nacho, Olivia y Laura toman asiento en las sillas situadas de manera perpendicular frente a los ponentes. Entre el público descubren a miembros de diferentes ONG y de la sociedad civil involucrados en la defensa de algunos puntos que aborda el Comentario; también periodistas que siguen con aparente rutina las sesiones. El presidente del Comité reconoce que han recibido numerosas observaciones y sugerencias. «Eso demuestra que saben que es un tema relevante para muchos», susurra Olivia.

Los desacuerdos externos en torno al Comentario tienen su correlato en el debate de los expertos, conscientes de la trascendencia de la cuestión en muchos sectores de la sociedad y de las emociones diversas que despierta. Quizá por eso dedican una hora a dejar claro que, se decida lo que se decida, el Comentario no es vinculante para los Estados miembros, aunque sí «asesorativo». «No es ninguna tontería que se pasen una hora hablando sobre la legitimidad del documento —explica Olivia en un instante de silencio— aunque pueda parecer un sinsentido a estas alturas. Lo cierto es que saben que hay gente asustada con lo que puedan decir».

Los tres estudiantes escuchan por los auriculares la traducción simultánea. Dominan el inglés, pero no quieren perderse ni un detalle, ni una palabra o concepto de lo que se debate. Los expertos hablan con serenidad, levantan la mano, piden permiso para intervenir, intercambian papeles y subrayan los párrafos del Comentario con tranquilidad. Al cabo de hora y media llega el momento de la pausa. Es decir, la hora de la verdad para los tres alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad: los treinta segundos para los que han estado preparándose de forma concienzuda. Nacho y Laura deciden abordar a la representante de Montenegro, Ivana Jelic, que, en un momento del debate, ha destacado el concepto core (núcleo) para referirse al derecho a la vida como un derecho básico, central. «Es increíble que se hayan planteado si el derecho a la vida es el derecho supremo o un derecho más», se sorprende Nacho. Se acercan y ella les recibe con una mirada atenta. Le explican que están allí para apoyar su postura. No hace falta mucho más. Rubén les ha sugerido que limiten la conversación a un único argumento.«Esa es nuestra misión aquí —cuenta Olivia—. Sabemos que lo que decida el Comité depende de los expertos, pero, según la percepción que tengan del respaldo de la sociedad, podrán cambiar su planteamiento sobre el asunto. Y eso amplía el número de posibilidades de que lo que se reconozca sea menos concesivo con el aborto y la eutanasia». La propia Olivia se aproxima al representante israelí, Yuval Shany, y le agradece que haya planteado la conveniencia de calificar el derecho a la vida como el derecho básico. También ella insiste en el mensaje que han acordado: lo que se apruebe en Ginebra puede utilizarse después como pretexto por distintos países, aunque no tenga carácter vinculante. Rubén Navarro sigue con atención los movimientos de los estudiantes y los de otros miembros de organizaciones que han viajado desde Irlanda, México y varias zonas de España. Como un árbitro de fútbol, no pierde detalle de las jugadas, pero se mantiene al margen de las actuaciones y deja que cada jugador efectúe sus pases. Al terminar la reunión, satisfecho, Rubén da las gracias a todos por haber acudido hasta Ginebra, y por haber buscado un hueco en sus horarios, para hablar aunque sea treinta segundos con los miembros del Comité. No les oculta que es «probable» que este no cambie nada, que apenas se modifiquen las palabras los conceptos y las concesiones. «Pero —añade— es fundamental que la sociedad civil esté presente». Y eso es lo que han conseguido. Nacho Peré lo resume en pocas palabras: «Lo que hemos aportado en Ginebra es algo muy pequeño en comparación con el objetivo final que se pretende, pero la cuestión no es que yo haya hecho mucho sino que haya hecho algo. Y eso es lo que importa: hacer algo».  

Nota: La última reunión del Comité se celebró el 3 de noviembre de 2017 y finalizó con la discusión en torno al párrafo 9. Hasta el momento hay once expertos que han pedido de manera clara y explícita una despenalización del aborto. Entre sus argumentos se encuentran «la evasión por parte de mujeres y niñas, a recurrir a abortos inseguros; la modificación de leyes restrictivas y, finalmente, el aborto asequible y accesible». Hubo tres expertos que no hicieron comentarios, otros tres que no acudieron a la reunión y una única voz discrepante, la de Anja Seibert-Fohr (Alemania), que trató de evitar un apoyo al aborto. El Comité se reunirá en marzo y abril para finalizar la discusión.