La gran muralla invisible
En 1984, George Orwell imaginó un mundo sometido a la vigilancia total, donde consignas como «La guerra es la paz» o «La libertad es la esclavitud» imponían un pensamiento único. Allí, el Ministerio de la Verdad reescribía la historia a conveniencia y cualquier conato de opinión propia acarreaba severas represalias. Ese universo distópico recuerda vivamente a la China actual, donde informar puede constituir un delito, y la censura y el control erigen una «verdad oficial» a costa de la libertad individual.
Monitorear un país de más de 1.400 millones de personas —la segunda demografía más numerosa del globo— suena a ciencia ficción, pero la realidad eclipsa cualquier fantasía. La clave para el dominio absoluto es el blindaje de internet. Para ello, el Gobierno chino usa el Escudo Dorado, llamado extraoficialmente el Gran Cortafuegos (The Great Firewall) —un irónico juego de palabras que vincula la emblemática Gran Muralla con el concepto informático de firewall, aludiendo a la vigilancia y filtro del flujo de datos en la red—. El proyecto comenzó a gestarse en 1998, tan solo cuatro años después de que la fibra óptica llegara al país. El sistema escudriña la red para facilitar el tráfico de información que considera patriótica, educativa y saludable. Bajo ese esquema, bloquea cualquier contenido considerado nocivo para la estabilidad social. Y si un ciudadano osa difundirlo, se activan mecanismos punitivos.
El funcionamiento del Gran Cortafuegos descansa sobre una legión de moderadores. En 2007, El País confirmó que el cuerpo estaba formado por 30.000 personas. En 2013, fuentes oficiales chinas confirmaron que la cifra ascendía hasta los dos millones: como apunta la periodista Lily Kuo en el medio Quartz, el gigante oriental tenía en 2022 «más monitoreadores que soldados».
Mediante algoritmos, este Gran Hermano detecta desde patrones visuales hasta las sutilezas del lenguaje figurado. Un ejemplo paradigmático es el veto del emoticono del oso tras usarse para burlar al presidente de la República Popular, Xi Jinping, por su fisonomía parecida a la de Winnie the Pooh.
EN 2022, CHINA TENÍA «MÁS MONITOREADORES QUE SOLDADOS»
Lily Kuo, Quartz
Existe, además, una gramática de lo prohibido: términos que el ciudadano omite por defecto para evitar represalias, como Tiananmén (la plaza donde en 1989 tuvo lugar una respuesta feroz a una marcha de protesta contra el régimen), Dalái Lama (en abierto y público desacuerdo con el régimen de Pekín), democracia y derechos humanos. Publicarlas puede desencadenar el bloqueo de la cuenta o una visita de la Policía. La censura es tan vertiginosa que, en ocasiones, borra el contenido en menos de cinco segundos.
En China, las plataformas occidentales —Google, YouTube, Facebook, X o WhatsApp— han sido sustituidas por equivalentes nacionales como Baidu, Youku, Renren, Weibo y WeChat. Esta última se erige como una herramienta total: aglutina mensajería, redes sociales y servicios bancarios, lo que ofrece al Estado una ventana ininterrumpida a la vida privada.
Esta vigilancia no es uniforme. Que el cerco digital se estreche o se relaje depende del nivel económico, el empleo o la provincia: la libertad de conexión de un ingeniero en Pekín es un lujo inalcanzable para un campesino en Guizhou. Este sistema no solo afecta el ocio, dicta los estrictos modus operandi del periodismo en la tierra del dragón.
LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN BAJO LA LUPA
En la nación comunista, la independencia mediática es una quimera. Las agencias oficiales de noticias como Xinhua, Global Times o People’s Daily —portavoz del Partido— marcan la pauta. A partir de enero de 2019, quienes quieran obtener o preservar su carné de prensa han de aprobar un examen de ideología comunista. Para realizarlo, como detalla Reporteros sin fronteras, deben registrarse en la aplicación móvil Xuexi Qiangguo (traducido, «Estudiar para fortalecer China»), que promueve las ideas del actual mandatario y pone a prueba a los futuros comunicadores. Si suspenden en su primer intento, les prohíben ejercer.
Como declaró para Medianálisis Juan Pablo Cardenal, periodista e investigador, «con la llegada de Xi Jinping al poder [en marzo de 2013], se redujo de forma drástica el margen para la libertad de expresión», y se consolidó un sistema que ha aislado al país y ha reprimido las voces críticas. Los reportajes con búsquedas documentales exhaustivas han quedado reducidos a temas inocuos o poco problemáticos, como los avances tecnológicos y la cultura. Cualquier batida en la corrupción o los derechos humanos es castigable.
«CON LA LLEGADA DE XI JINPING AL PODER [EN MARZO DE 2013], SE REDUJO DE FORMA DRÁSTICA EL MARGEN PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN»
Juan Pablo Cardenal, periodista e investigador
Los informadores que desafían este sistema padecen consecuencias físicas. China encabeza el ranking global de articulistas entre rejas. Según Reporteros sin fronteras, en 2023 la cifra ascendía a 547 (en el mundo había un total de 779 encarcelados). Entre los casos más sonados destaca el de la cronista Zhang Zhan, que investigó en profundidad la pandemia desde su epicentro, Wuhan, y denunció numerosas negligencias. El 15 de mayo de 2020, con 36 años, la declararon desaparecida. No fue hasta un mes después, el 19 de junio, que el fiscal del Estado de Pudong anunció su retención formal. La condenaron a cuatro años de cárcel por «provocar disturbios». A otros, como el fotoperiodista Lu Guang, los han detenido por retratar la pobreza y la contaminación. Mientras que, desde 2016, el reportero Huang Qi, promotor del portal de noticias 64 Tianwang (fundado en su tierra natal y hoy con sede en Reino Unido), cumple una sentencia de doce años por publicar documentos municipales —clasificados retroactivamente como secretos por las autoridades— que exponían fallos en la reconstrucción tras el terremoto de Sichuan de 2008.
Para esquivar este cerco, los redactores agudizan el ingenio y a veces recurren a seudónimos, criptografía o servidores VPN, servicios que procuran una conexión a internet segura y privada, para modificar su geolocalización. Algunos se camuflan como blogueros de moda o cocina. En 2022, se popularizó un vídeo de una receta de pollo frito que, en realidad, ocultaba datos cifrados acerca de la masacre de Tiananmén, en la que, según varios documentos desclasificados, hubo 10.000 muertos. Sin embargo, la censura es rápida y omnipotente. Hacer entrevistas —o incluso publicarlas— es una odisea, ya que el Gobierno revisa los borradores de temas sensibles (política, credo o economía) a través del Departamento Central de Propaganda. En muchos casos, las piezas nunca ven la luz o se reescriben por completo.
Además de silenciar, el sistema fabrica su propia realidad: las columnas de opinión existen, pero con trampa. Algunas tribunas firmadas por «expertos» las redactan funcionarios de propaganda. Su objetivo es crear un espejismo de apoyo social a las decisiones del Partido. Esta manipulación editorial se ampara en un vacío legislativo absoluto, ya que la Constitución vigente no garantiza la libertad de prensa. Cruzar las líneas rojas tiene secuelas jurídicas: en una publicación de Reuters se explica cómo cuestionar al Gobierno se considera un delito político donde periodistas, cineastas y youtubers pueden ser procesados por provocar peleas, causar problemas, difundir rumores o alterar el orden. Entre las posibles consecuencias, se enfrentan al despido inmediato, al cierre del medio o a su detención.
Controlar a la prensa constituye, de hecho, una estrategia de supervivencia política. Lo más grave es que ninguna de estas incriminaciones requieren pruebas públicas o un juicio justo, lo que convierte cualquier divulgación incómoda en una posible sentencia de cárcel.
Ante un contexto tan hostil, los estudiantes de Comunicación suelen terminar como funcionarios o moderadores de contenidos digitales. La profesión, alejada de perseguir la verdad, queda subordinada a los intereses de esta potencia. Así, se alimenta lo que la politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann identifica como «espiral del silencio»: la dinámica por la que la autocensura se normaliza y se perpetúa colectivamente hasta convertirse en un principio no escrito que recorre las redacciones del gigante asiático: no te metas en problemas por una historia.
LA NARRATIVA GLOBAL BAJO CONTROL
Este impulso represivo no se agota en las fronteras nacionales; se proyecta hacia fuera para modelar la narrativa global. El sistema condiciona la labor de los corresponsales extranjeros y filtra las noticias internacionales que llegan al ciudadano: oculta protestas o huelgas en otros países, y exagera los conflictos internos en Occidente para demostrar que la inestabilidad es un mal exclusivo de las democracias. En esta limpieza informativa, no está permitido mencionar a Taiwán —bajo la estricta óptica de soberanía de Pekín durante más de 200 años— ni mencionar a figuras relevantes y agitadoras como la activista climática sueca Greta Thunberg.
Si algún medio o corresponsal extranjero desea ejercer la profesión en China, desde agosto de 2003 es obligatorio registrarse en el Ministerio de Asuntos Exteriores y luego ante el Ministerio de Seguridad Pública para obtener el permiso de residencia. Los propios gigantes de la comunicación sufren presiones directas. En marzo de 2020, Pekín expulsó a más de una docena de corresponsales de The New York Times, The Wall Street Journal y The Washington Post acusados de «interferir en asuntos internos» por publicar investigaciones incómodas. Quienes logran permanecer lo hacen bajo un régimen de vigilancia y acoso constante. En 2012, a la agencia neoyorkina Bloomberg News se le denegaron varios visados de sus corresponsales que investigaron la riqueza de los líderes del Partido Comunista. Cinco años después, la BBC denunció que policías vestidos de civiles hostigaron a sus periodistas y que sus transmisiones en mandarín sufrieron bloqueos sistemáticos.
La censura traspasa los océanos. El control interno alimenta la proyección global y demuestra que la batalla por la verdad no es solo doméstica, sino geopolítica. Según consigna el diario El País, una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación documenta cómo el Estado chino persigue a disidentes en el extranjero. Activistas como Jiang Shengda, artista y líder del Frente de la Libertad en China, y Carmen Lau Ka-man, exconcejala electa de Hong Kong, declararon que las perseguían y vigilaban —en París y Londres, respectivamente— y denunciaron el acoso a sus familias
EL GRAN HERMANO TE VIGILA
Más allá de las pantallas y el flujo de datos, el control se materializa en el asfalto. Las calles de China se han convertido en un observatorio a cielo abierto, con más de quinientos millones de cámaras —muchas de ellas con tecnología de reconocimiento facial— que vigilan cada rincón.
Este despliegue se utiliza para aplicar el sistema de «crédito social», que desde 2014 califica el comportamiento de individuos y empresas en función de su obediencia, honradez, consumo, integridad y adhesión al Partido Comunista. Cada zona del país se rige por programas regionales adaptados. En la mayoría, el saldo inicial es de 1000 puntos. En la ciudad de Rongcheng, dentro de la provincia de Shandong y con más de 670.000 habitantes, la puntuación de partida sitúa al ciudadano en un nivel A o estándar, pero el marcador es dinámico: las cámaras y los algoritmos de internet suman o restan puntos en tiempo real, de manera que el individuo fluctúa por una escala de letras que determina su relación con el Estado.
Los puntos pueden obtenerse mediante actos altruistas: la donación de sangre y el voluntariado, o a través del cumplimiento de la ley de cuidado a los padres. Asimismo, se incentiva el patriotismo digital y económico: comprar productos locales, compartir mensajes positivos sobre la nación y publicar elogios al Gobierno de Xi Jinping en redes como Douyin y WeChat son llaves para ascender al nivel AAA (Excelencia). Los ciudadanos en esta categoría disfrutan de privilegios: alquileres sin fianza, descuentos en servicios públicos o prioridad en listas de espera hospitalarias, entre otros.
«SI ME DEJARAN VOLVER, NO LO HARÍA, PORQUE SÉ QUE ACABARÍA EN LA CÁRCEL O BAJO CONTROL»
Ma Jian, escritor disidente
En cambio, cualquier desliz resta de forma drástica. Acciones tales como criticar al Partido Comunista, difundir noticias no oficiales, cruzar en rojo o no pagar deudas tienen un coste inmediato. Algunos municipios han bajado el puntaje por escuchar música «decadente», pasear perros sin correa o jugar demasiado a videojuegos. Las consecuencias de caer en los niveles más bajos resultan asfixiantes: un nivel C implica la pérdida de subsidios, mientras que el nivel D o «lista negra», el más bajo, supone la muerte civil. Los considerados «deshonestos» se enfrentan a la prohibición de viajar en avión o tren de alta velocidad, la imposibilidad de matricular a sus hijos en colegios privados e incluso la ralentización de su conexión a internet.
Esta restricción de movimientos no es una amenaza abstracta; organizaciones como Chinese Human Rights Defenders han documentado casos similares al de una mujer de Chengdu que no pudo comprar billetes de tren por figurar en la lista pública de deudores, que en 2021 acumulaba casi diez millones de nombres. En una línea similar, el disidente Liu Hu relató a Associated Press cómo su vida quedó paralizada, sin poder reservar vuelos ni acceder a créditos, tras ser acusado de difundir rumores online. Los castigos incluyen también bloqueos en redes sociales y humillantes exhibiciones públicas: según Human Rights Watch, en algunas plazas se proyectan los rostros de los infractores en pantallas gigantes bajo la leyenda «Ciudadano poco confiable». Este control es tan férreo que, en la provincia de Hebei (al norte del país), un maestro perdió su empleo por criticar en WeChat a unos funcionarios. Así, la vigilancia física y la digital se fusionan para cerrar el círculo, y la conducta cotidiana se convierte en una moneda de cambio política.
Cuando el monitoreo se dirige a figuras públicas, el cerco es total. El artista Ai Weiwei vivió años de vigilancia, críticas y arresto domiciliario por delatar casos de corrupción del Gobierno. También muchas activistas del movimiento #MeToo fueron silenciadas, despedidas y controladas de cerca por la Policía gubernamental. Este apremio mantiene a muchos en el exilio, como el escritor Ma Jian. En una entrevista de 2022 en El Confidencial, el disidente aseguró: «Si me dejaran volver, no lo haría, porque sé que acabaría en la cárcel o bajo control».
Por si no fuera suficiente, las personas se censuran a sí mismas como medio de protección. Rehuyen ciertas palabras en los chats, borran publicaciones antes de que sean vistas, evitan dar «me gusta» o seguir cuentas sospechosas en las redes sociales y hasta crean perfiles paralelos para consumir contenido crítico sin dejar ningún tipo de huella. Tampoco dudan en alejarse de familiares o amistades «conflictivas», ya que si alguien tiene mala puntuación puede afectar a quienes le rodean.
Esta arquitectura autoritaria plantea una pregunta inevitable: ¿puede existir verdad sin libertad? A nivel global, el debate sobre la vigilancia masiva dio un giro en 2013, cuando Edward Snowden, un exintegrante de la CIA, filtró documentos confidenciales que demostraban cómo Estados Unidos espiaba a miles de ciudadanos de todo el mundo con absoluta impunidad. Lo detalla en el libro Vigilancia permanente (Planeta, 2019), donde denuncia cómo numerosos Gobiernos, no solo el de Estados Unidos, recolectan datos con la excusa de brindar protección cuando, en realidad, pretenden extorsionar y castigar.
Sin embargo, prima una diferencia fundamental entre ambos modelos. Mientras que en Occidente Snowden reveló programas secretos que operaban en la sombra, en China la censura no se oculta: es abierta e institucionalizada. Cuando el control se percibe como algo normal, el derecho a la verdad se extingue de forma silenciosa.
