Grandes temas América Geopolítica Nº 725
La promesa rota de otra Venezuela
La dictadura chavista, descabezada tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, mantiene en su sillón a Delcy Rodríguez y al resto de sus figuras principales. Mientras tanto, María Corina Machado, la líder opositora que demostró el fraude electoral del que se valió Maduro para continuar en la presidencia, urge a su aliado norteamericano a que aumente la presión sobre el régimen bolivariano. En una situación en la que la república maniobra bajo las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, las calles se reactivan con los clamores de los venezolanos que reivindican un cambio efectivo.
Empieza en la madrugada. Estruendos como si la tierra se partiera por la mitad, uno seguido de otro, que hacen temblar el valle de Caracas. Y otro, y otro. A las dos de la mañana, varias columnas de fuego y humo ascienden dentro de la base aérea de la Carlota, ubicada en el este de la capital. Al mismo tiempo, varias explosiones sacuden el complejo militar de Fuerte Tiuna y destruyen las antenas de comunicación y radares en el Cerro Volcán de El Hatillo, así como el aeropuerto cercano a las playas de Higuerote, el punto más alejado de los otros objetivos. Al otro lado del cerro Ávila, que separa a Caracas de la playa, numerosos helicópteros de ataque Apache y de transporte Chinook despiertan a los residentes y lanzan misiles contra el puerto de la ciudad costera de La Guaira y el Círculo Militar de Mamo.
Fernando, un hombre de mediana edad y bigote bien cuidado que declara con un pseudónimo para protegerse de represalias, se había levantado en medio de la noche para orinar. Iba a volver a acostarse cuando le atronó en los oídos el ruido de los proyectiles que impactaban contra la base aérea. «Yo creo que nadie durmió aquella noche», dice, recordando todas las llamadas de amigos y familiares que preguntaban por él, por los rumores y las ubicaciones atacadas. «No sabía qué iba a pasar: si eran soldados o nada más un bombardeo, pero nunca pensé que sería para llevarse a Maduro».
Los caraqueños que se despiertan en la madrugada del 3 de enero telefonean, publican fotos y videos. Todavía retumba en el aire el sonido de los aviones y helicópteros estadounidenses que cumplen las amenazas de Donald Trump. La campaña en el Caribe, que desde agosto de 2025 hundió numerosas lanchas de supuestos narcotraficantes, había dejado más de 150 muertos en el mar. También bloqueaba el trayecto de los petroleros de la «flota negra», que buscaba transportar combustible a países sancionados por Estados Unidos como Irán y Cuba.
En un edificio residencial de la ciudad de Higuerote, a 120 kilómetros al este de Caracas, Jonny salta de la cama cuando los bombarderos revientan el aeropuerto y hacen temblar todo el bloque de pisos. El cuarto del joven se ilumina con un fogonazo blanco. «Me encontré con los vecinos en el estacionamiento y algunos se fueron con sus familias y sus cosas», recuerda. «Mi familia y yo esperamos, nos quedamos. Pero, cuando escuchamos más aviones y disparos, decidimos resguardarnos en casa de unos parientes».
UN GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES HA RAPTADO A NICOLÁS MADURO, LÍDER DEL GOBIERNO CHAVISTA, Y SU ESPOSA, CILIA FLORES, PARA TRANSPORTARLOS HASTA LOS ESTADOS UNIDOS.
En el tercer día de 2026, la lista de bajas sumó los nombres de 45 militares y cuatro civiles venezolanos. Una operación quirúrgica en la que murieron además 32 funcionarios cubanos que formaban parte de la guardia presidencial. Esta cifra prueba la infiltración del Gobierno isleño en el aparato estatal de represión, vigilancia y tortura, como lo señalan desde hace años numerosos reportes y testimonios.
Todavía no ha salido el sol cuando un rumor empieza a circular entre las pantallas de los teléfonos. En momentos así, la desinformación corre libre y nadie sabe qué creer. Hará falta una publicación tres horas después en la red social Truth, propiedad de Trump, acompañada más tarde por una foto, para confirmar lo que muchos no se atreven a aceptar: un grupo de fuerzas especiales ha raptado a Nicolás Maduro, líder del Gobierno chavista, y a su esposa, Cilia Flores, para transportarlos hasta los Estados Unidos.
LA RESPUESTA OFICIAL
Mientras el júbilo se apodera del corazón de miles de venezolanos, la cúpula del régimen entra en pánico. La primera en aparecer como sustituta de Maduro es Delcy Rodríguez, que pasó de la vicepresidencia a juramentarse dos días después del ataque como presidenta interina en ausencia del mandatario secuestrado en una sesión de la Asamblea Nacional presidida por su hermano Jorge.
MIENTRAS EL JÚBILO SE APODERA DEL CORAZÓN DE MILES DE VENEZOLANOS DENTRO Y FUERA DEL PAÍS, LA CÚPULA DEL RÉGIMEN ENTRA EN PÁNICO.
A las 6:35 de la mañana del bombardeo, los televisores muestran a Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz, rodeado de militares y policías en una ubicación sin identificar. Cabello representa el nexo más cercano del chavismo con los servicios de inteligencia y la Policía. También dirige las acciones de los colectivos, grupos armados que han ejercido la defensa violenta y extrainstitucional del chavismo durante los episodios de represión más agresivosen los últimos diez años. Tras la captura de Maduro, Estados Unidos aumentó la recompensa que pesaba sobre la cabeza de Cabello hasta los veinticinco millones de dólares.
En cambio, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, se ha retirado del frente público. Más allá de algunos mensajes institucionales, el general ha mantenido un perfil bajo hasta el punto de no tomar acciones para atender la crisis de las Fuerzas Armadas tras la humillación a las unidades antiaéreas y la guardia presidencial.
Fuera de las fronteras venezolanas, la comunidad internacional entró en alerta. Apenas Israel y Argentina apoyaron en público la operación estadounidense, mientras que portavoces y mandatarios de Rusia, China, Corea del Norte, México, Brasil y España se pronunciaron en contra. Muchos se expresaron con más tibieza y destacaron tanto la ilegitimidad de la presidencia de Maduro como la necesidad del «respeto al derecho internacional» que esgrimieron los portavoces de Alemania, Italia y Finlandia.
El clamor diplomático tuvo su contraparte siniestra: el silencio cubría Venezuela. Las amenazas seguían pesando sobre quienes soñaban con un país diferente. Como muchos, Fernando se sentía contento de que los norteamericanos se hubieran llevado a Maduro. «Pero las consecuencias fueron terribles. Andaba con una paranoia encima, llegaba temprano a casa por miedo a que la Policía me pidiera el teléfono», explica. Desde hace años decía que la única manera de salir del régimen era una intervención, aunque los primeros días temió que todo siguiera igual: «Menos mal que sí vemos cambios; pensé que esto iba a quedarse aquí, con la misma gente de siempre mandando».
LAS ACTAS ELECTORALES DECLARABAN COMO GANADOR AL CANDIDATO OPOSITOR, EDMUNDO GONZÁLEZ URRUTIA.
Es lo que pasó en julio de 2024. Las elecciones fraudulentas trajeron un tiempo de manifestaciones… y también de represión y exilio. Aquel fantasma de hace dos años reapareció, aunque de forma atenuada, los días siguientes al 3 de enero. Donde los policías están ausentes, los colectivos se encargan de intimidar para impedir manifestaciones populares. Los paramilitares montan alcabalas —puestos de control— en algunas de las arterias viales más importantes de la capital y otras ciudades. Paran el tráfico, exigen a conductores y pasajeros que entreguen los teléfonos móviles, inspeccionan sus mensajes y detienen a los que han celebrado la captura de Maduro y Flores. Todo bajo el amparo de la declaración de conmoción externa firmada por Maduro en septiembre y ampliada por los Rodríguez en enero, un estado de excepción que criminaliza cualquier mensaje que pueda interpretarse como un apoyo a los Estados Unidos.
UN RÉGIMEN BAJO PRESIÓN
Desde su residencia en Mar a Lago, Florida, Trump anunció en una rueda de prensa, justo después de la captura de Maduro, que Estados Unidos «se haría cargo» de Venezuela. En ese preciso instante, la cúpula chavista inició una transformación interna diseñada para permanecer en el poder, mantener su estructura represiva y, simultáneamente, aparentar que acompañan la transición propuesta por un Gobierno extranjero.
Mientras pasaban los días, los líderes del madurismo, ahora encabezados por Delcy, transformaron su tono combativo por uno más sereno, incluso pasivo. Anunciaron cambios en ministerios como los del Despacho de la Presidencia, de Transporte y el de Información y Comunicación al inicio de la tercera semana del año. También detuvieron al colombiano Alex Saab, testaferro de Maduro, que había sido liberado por Estados Unidos en un intercambio de presos y convertido en ministro de Industrias y Producción Nacional. Tarek William Saab, figura histórica del chavismo, renunció a su cargo como fiscal general.
UNO DE LOS MOTIVOS PARA MANTENER AL CHAVISMO EN EL PODER, AUNQUE SEA TEMPORALMENTE, ES SU CONTROL DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD.
La llegada el 31 de enero de Laura Dogu, anteriormente embajadora en Honduras y Nicaragua y ahora encargada de negocios de Estados Unidos en Caracas, y la visita del secretario de Energía, Chris Wright, que apareció en medios con la presidenta interina, fueron gestos de un régimen que buscaba cumplir con ellos.
Trump se había fijado como objetivo reducir la influencia de Rusia, China e Irán mucho antes de la operación del 3 de enero. Se trataba de un asunto de sumo interés en Washington para evitar escenarios como la crisis de los misiles de Cuba en 1962. El Ejecutivo estadounidense se arrogó de inmediato todas las decisiones respecto a la industria petrolera venezolana, y la primera que tomó fue minimizar el papel de sus rivales geopolíticos en el negocio del crudo.
Los planes de reorganización de la infraestructura petrolera, que todavía se encuentra en una situación precaria, se dirigían al favorecimiento de Estados Unidos, con el cese de las colaboraciones con sus enemigos y con cincuenta millones de barriles de petróleo, además del control de los ingresos, según declaraciones de Trump el 6 de enero, por mucho que repitiera que también beneficiaría a los venezolanos. A esto se orientaron el levantamiento de sanciones, la reforma de la Ley de Hidrocarburos a finales de enero para incentivar la inversión privada y la atracción del interés de petroleras occidentales.
EL OBJETIVO FUNDAMENTAL DE QUIENES LUCHAN A FAVOR DE LOS PRESOS POLÍTICOS ES LA LIBERTAD INMEDIATA E INCONDICIONAL DE TODOS ELLOS.
¿Por qué, entonces, colabora la dictadura con la estrategia estadounidense? Varios analistas consultados (que han preferido no revelar sus identidades) creen que para ganar tiempo, retrasar el cumplimiento de compromisos y reforzar su control sobre el aparato estatal. Rememorar el Acuerdo de Barbados en 2023, cuando los chavistas prometieron garantizar elecciones justas a cambio de aliviar las sanciones de Estados Unidos, todavía pesa sobre la memoria colectiva. Según Benigno Alarcón, fundador del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, la cúpula chavista «siempre ha sabido aprovechar las coyunturas para perpetuarse en el poder. Muchos actores cercanos al Estado y a sus recursos tienen la expectativa de que se mantenga el statu quo».
EL PAPEL DE MARÍA CORINA MACHADO
La opositora María Corina Machado, que desde 2024 ha sido la cara visible de la lucha contra Maduro, recibió en diciembre el premio Nobel de la Paz. A lo largo de los últimos meses, sin embargo, ha visto disminuido su protagonismo frente a los nuevos interlocutores chavistas. Después de escapar de un intento de secuestro en enero de 2025 en medio de la debacle poselectoral, tras permanecer durante meses en la clandestinidad y salir de Venezuela por mar evadiendo los controles para recibir el galardón, Machado sigue en el exterior buscando el apoyo necesario para reivindicar los resultados de las elecciones de 2024. Las actas electorales recogidas y divulgadas por su plataforma política, el Comando Con Venezuela, declaraban como ganador al candidato opositor, Edmundo González Urrutia, frente al Consejo Nacional Electoral venezolano, que se negó a publicar sus propias actas.
Pero la relación con el Ejecutivo norteamericano ha desplazado a Machado. Trump señaló en una rueda de prensa que «no tiene apoyo ni respeto dentro de su país», y su secretario de Estado, Marco Rubio, destacó que «la mayoría de la oposición no está presente ya dentro de Venezuela» para justificar su aval a Delcy como principal interlocutora.
Con el propósito de recuperar la línea de comunicación directa con Trump, Machado le entregó su medalla del Nobel el 15 de enero, un reconocimiento que el mandatario deseaba. El gesto parece haber funcionado: tras reunirse con ambos políticos en Washington, María Corina declaró que «la transición a la democracia tendrá lugar» gracias al «respaldo de las democracias más importantes del mundo», señalando de modo particular a Trump y Rubio. Sin embargo, no logró persuadirles de que la prefieran a Delcy, quien, en palabras del presidente, ha «demostrado un liderazgo muy fuerte».
Uno de los motivos para mantener el chavismo, aunque sea temporalmente, es su control de las fuerzas de seguridad y los cuerpos informales armados, sobre los cuales Machado no tiene influencia. «A los Estados Unidos siempre se les ha vendido que esto se va a convertir en Irak o en Afganistán si quita al Gobierno actual, y hay temores de que los colectivos, los militares o la Policía se vuelvan un peligro. Pero están sobredimensionados y frenan el proceso de transición», explica el investigador Alarcón.
Juan José Monsant, exembajador venezolano con una larga trayectoria en seguridad y defensa, admite que el interinato de Rodríguez podría ser «necesario para garantizar la gobernabilidad los primeros meses, aunque no puede prolongarse más allá». El riesgo, en caso de que permanezca la cúpula chavista, es el gatopardismo: que se perpetúe lo que Montsant califica de «un sistema de bandidos y violadores de los derechos humanos, un madurismo sin Maduro».
La medida estrella de esta transición en curso ha sido la Ley de Amnistía aprobada el 20 de febrero. Sus disposiciones y la aparente arbitrariedad de su aplicación han sembrado dudas entre los venezolanos. Diego Casanova, miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (CLIPPVE), insiste en que el texto «deja a muchos presos políticos fuera», cerca de cuatrocientos. Considera que «el régimen cumplirá con la amnistía de forma discrecional para garantizar su propia impunidad, ganar tiempo y amenazar a la oposición para que no se movilicen».
EL FRENTE DE LOS PRESOS POLÍTICOS
En la tarde del 8 de enero, en la avenida Victoria, se reúne un pequeño grupo al que la Policía impide ascender por la cuesta asfaltada hasta la entrada del Helicoide, el centro de torturas más grande del país. El edificio, símbolo de los horrores de la dictadura, tiene una estructura de dos espirales que forman rampas y se elevan como una pirámide. Es un espacio adecuado para los diseños iniciales, de 1956: iba a ser un centro comercial.
A la vereda van llegando cada vez más personas —activistas, familiares, periodistas— para esperar a que suelten a alguien, a quien sea. Jorge Rodríguez ha anunciado hoy que se liberará a «un número importante de presos». No ha especificado que se trate de los detenidos por motivaciones políticas, pero así lo han entendido los familiares que llevan esperando varios meses o hasta años. La opacidad del régimen impide un recuento exacto de quienes fueron encerrados después del pucherazo de las elecciones o en medio de las numerosas crisis y protestas que han marcado al país desde la llegada al poder de Hugo Chávez Frías, predecesor político de Maduro.
Varios de los que aguardan dicen que sus allegados no cometieron delitos: algunos participaron en actividades políticas de la oposición, sin quebrantar la ley; otros ni siquiera estaban involucrados en política. Leticia es una de las que nunca ha tenido nada que ver con partidos ni elecciones. Sigue detenida tras ser condenada en 2025 por conspiración con Gobierno extranjero. Había ayudado a una colaboradora de Machado a cambiar su línea telefónica. María Virginia, su hermana, la buscó durante tres semanas, hasta que las autoridades revelaron su ubicación. Por eso no duda en hablar de una desaparición forzada. «Mis papás no saben que ella está presa, tienen la salud muy delicada y esta noticia sería fatal para ellos —dice—. Yo la voy a esperar; no me gustaría que saliera y no hubiese nadie aquí».
El hermano de Diego Casanova había salido de la cárcel antes de 2026. Lo habían detenido en las manifestaciones poselectorales, acusado de terrorismo. Diego, de CLIPPVE, acude de todos modos al Helicoide para tratar de presionar al régimen con su presencia allí: «Nos cuentan los familiares que los maltratan, que no les dan comida, que los golpean por reclamar agua».
Diego y los demás, que llevan horas esperando en las inmediaciones del Helicoide, reciben la noticia de que cinco presos españoles han sido repatriados. Los habían encerrado en circunstancias diversas y rocambolescas. Por ejemplo, a Andrés Martínez y José María Basoa los acusaron de pertenecer al CNI y urdir una conspiración para asesinar a Maduro. La detención se produjo en septiembre de 2024, cuando Margarita Robles, ministra de Defensa, dijo que Venezuela era una dictadura. También han excarcelado al activista político Biagio Pilieri y el excandidato presidencial Enrique Márquez. Los han transportado en unos vehículos que han pasado al lado de los reunidos en la acera. Sin embargo, no cuentan con una libertad plena: quedan bajo medidas cautelares que les prohíben salir del país y los obligan a presentarse ante los tribunales todos los meses.
Hasta el cierre de esta edición, y a pesar de la Ley de Amnistía, sigue habiendo 568 presos políticos, según la ONG Foro Penal. Otras organizaciones, como el partido Voluntad Popular, denuncian que son miles los no registrados como reclusos. En palabras de Casanova, el objetivo fundamental de quienes luchan a favor de los presos políticos es la libertad inmediata e incondicional de todos ellos, así como el desmantelamiento del aparato represivo.
Las condiciones de la amnistía y los regímenes de los excarcelados han generado reticencias respecto a las intenciones de Delcy Rodríguez, que se refirió a un proceso de «reconciliación nacional». El texto de la nueva ley no amparará los delitos sobre violaciones a los derechos humanos, de lesa humanidad, homicidio, lesiones gravísimas, tráfico de drogas ni los previstos en la Ley contra la Corrupción. Una disposición que afecta a muchos que encarcelaron por protestar, por participar en actos y campañas políticas, por expresarse en contra del régimen…
Casanova señala que «los que cometen crímenes de lesa humanidad han sido los funcionarios del Estado. A los que ellos acusan ahora de terrorismo los detuvieron en contextos de persecución política y los usaron como propaganda para el control social». Su organización, el CLIPPVE, sostiene que la ley debería asegurar la anulación de las medidas cautelares. Como no lo hace, algunos de los liberados lo han solicitado, aunque sin éxito, en los tribunales venezolanos. «Los expresos como mi hermano, que siguen siendo investigados, viven con el miedo de ser detenidos de nuevo si los jueces dicen que no se portan bien», advierte.
Un abogado involucrado en casos de presos políticos comenta que el régimen controla el poder judicial desde hace más de veinte años. Escogen a dedo a los jueces y fiscales y castigan con severidad las sentencias desfavorables, por lo que no pueden llevar a cabo una amnistía «que responda a las necesidades y exigencias de la sociedad». Y continúa: «La justicia no es autónoma; no tiene presupuesto ni recursos y se somete a los dictámenes del Gobierno. Hace falta una reestructuración del sistema, incluidos los fiscales y la Policía».
Monsant es más tajante: «El chavismo presenta la ley de amnistía como un borrón y cuenta nueva porque saben que los persiguen inclusive en la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad y atentados contra los derechos humanos». La controversia no se despega de esta norma que promete en su texto «una amnistía general y plena de los delitos o faltas cometidos en el marco de los hechos y el ámbito temporal» de turbulencia política para poder «promover la paz social y la convivencia».
María Corina Machado también criticó durante una intervención en el Hay Festival en Cartagena de Indias que esta ley «no es una decisión voluntaria del régimen», sino que «responde a una presión real de Estados Unidos». Según la líder opositora, «el aparato represivo del régimen» es lo único que lo sostiene, por lo que su desmantelamiento sería «el fin de la tiranía». Además mostró su apoyo a un futuro proceso electoral en el que, está convencida, será elegida presidenta. Así, la amnistía representa el frente más importante para los movimientos de oposición, la principal bandera en una nueva ola de manifestaciones y marchas de unas plataformas envalentonadas por la intervención de Estados Unidos.
UNA MOVILIZACIÓN ASÍ NO SE VEÍA DESDE ANTES DE 2020, CUANDO CADA MANIFESTACIÓN SE ENFRENTABA A LA VIOLENCIA ESTATAL Y LA CENSURA.
Una de las de mayor impacto fue la de Juan Pablo Guanipa, mano derecha de Machado, al que las fuerzas de seguridad secuestraron en mayo de 2025. Lo excarcelaron el 8 de febrero y tan pronto pisó la calle se unió a una caravana de motos para visitar los centros penitenciarios donde siguen encerrados otros presos políticos.
Esa misma medianoche, varios hombres armados y vestidos de civiles lo secuestraron, y al cabo de casi 36 horas reapareció en su casa en Maracaibo bajo régimen de arresto domiciliario. Pero el impacto de su iniciativa, por breve que fuera, repercutió de inmediato en la oposición, que esperaba una señal así.
El 12 de febrero, el Día de la Juventud, la Universidad Central de Venezuela, escenario de algunos de los episodios de protesta y represión más crudos de la última década, vuelve a ser el punto de partida del movimiento estudiantil, que levanta la voz a favor de la liberación de los presos. Las fotos y videos de años anteriores muestran cuerpos inertes y sangrantes, armas de fuego apuntadas contra jóvenes con piedras y escudos de cartón, motos de manifestantes que alejan de la concentración a los heridos y las de los policías que los secuestran.
Afuera de la Universidad, la Policía bloquea el acceso desde Plaza Venezuela, y los empleados del centro no permiten el paso a los manifestantes por la entrada más próxima. Pero incluso los que pasan cerca pueden escuchar el clamor: «Todos son inocentes, ninguno es delincuente».
En el asfalto de las calles que llevan al rectorado se pueden leer aún en pintura blanca los nombres de universitarios asesinados desde 2014: Robert Redman, Bassil Dacosta, Génesis Carmona y Orlando Figuera son algunos de los más de trescientos nombres dispuestos en doble columna, emborronados por el tiempo. Funcionan casi como una flecha que dirige desde la entrada hacia la masa de banderas y carteles de miles de personas que gritan a favor de un cambio.
UNO DE LOS MAYORES OBSTÁCULOS EN EL FUTURO ES LA SUPERACIÓN DE LA «CULTURA ANTIDEMOCRÁTICA» QUE HA MARCADO LA HISTORIA DEL PAÍS.
Entre quienes los apoyan se encuentra Américo de Grazia, exdiputado de la Asamblea General por la Mesa de la Unidad Democrática, la coalición que encabeza María Corina Machado. Los protagonistas de este día no pueden ser los partidos, dice De Grazia, que fue excarcelado en agosto de 2025 después de pasar más de un año recluido tras su detención en las protestas de 2024. «Opino que la oposición tiene el liderazgo de Machado, pero le falta un centro de dirección política», expresa. Piensa que uno de los mayores obstáculos en el futuro será la superación de la «cultura antidemocrática» que ha marcado la historia del país y que permea incluso al liderazgo opositor, que «tiene que incorporar a los estudiantes, a los alcaldes, diputados, sindicatos y otros actores a los que no ha consultado antes» en vez de excluirlos.
En una silla de ruedas, el periodista Ramón Centeno se refugia bajo la sombra de un árbol. En 2022 lo detuvieron mientras investigaba una trama de tráfico de drogas que involucraba a miembros de la Asamblea Nacional y salió de la cárcel hace un mes. Su madre murió el 27 de enero, apenas trece días tras haberse reunido con él. «Se está perdiendo el miedo que acumulamos después de la represión increíble que sufrimos», afirma Centeno. «Yo pasé cuatro años así, amarrado —dice, juntando las muñecas—. Ahora abro las manos, incluso para mis verdugos, porque tengo el pecho henchido de tristeza, pero también de la esperanza de que nos liberen a todos».
Unos metros más allá, los universitarios chillan pidiendo la libertad de quienes siguen encerrados. La bandera tricolor ondea a lo largo de la calle que los saca del campus; una movilización así no se veía desde antes de 2020, cuando cada manifestación se enfrentaba a la violencia estatal y la censura. El sol cae sobre los muchachos, sobre los activistas, sobre los familiares de los presos políticos. Algunos salen a las calles como lo han hecho las últimas dos décadas; otros, por primera vez.
