Más allá del pinchazo: la geopolítica de las vacunas

Texto: Andrés Tejerina [Com 23]. Colaboradores: Teo Peñarroja [Fia Com 19] y Ana Eva Fraile [Com 99].  Gráficos: Errea Comunicación.  Fotografía: U.S. Secretary of Defense, con licencia CC en Wikimedia.  

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En noviembre de 2021, Estados Unidos reabrió sus fronteras después de veinte meses de restricciones. Mientras, en Argentina, las cancelaciones de vuelos se multiplicaron como si se tratara de los primeros casos de coronavirus en marzo de 2020. La razón: más de nueve millones de argentinos han recibido la vacuna rusa Sputnik V, que no está aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tanto Estados Unidos como la Unión Europea impiden por ese motivo la llegada de turistas. El diario Clarín informó de que muchos esperaron hasta el último momento por si se autorizaba el fármaco. Una persona que ha aceptado inocularse Sputnik V no puede viajar libremente y estas nuevas fronteras invisibles son solo uno de los cambios sociales y políticos originados por el histórico proceso de vacunación. 

En muchas partes del mundo, el certificado de vacunación se ha convertido casi en un pasaporte. Incluso se exige cierto tipo de vacunas o pagar por una prueba diagnóstica, principalmente en Latinoamérica, para acceder a determinados países. La restricción de movilidad que comenzó de forma interna, con toques de queda y confinamientos, ha pasado a ser externa. En enero, los medios de comunicación se hicieron eco del caso del tenista Novak Djokovic. El Gobierno de Australia le negó la entrada y no pudo disputar el Grand Slam. El entonces número uno afirmó en una entrevista concedida a la cadena BBC que preferiría sacrificar trofeos antes que ser forzado a vacunarse: «Es un precio que estoy dispuesto a pagar». Aunque el deportista serbio no quería que se le asociase con el movimiento antivacunas, defendió el derecho individual de elegir. Sin embargo, hay personas que sí han aceptado recibir la dosis y tampoco pueden desplazarse porque les tocó una vacuna china o rusa que no está reconocida por la OMS.

Vacuna fue elegida como la palabra del año 2021 por La Fundación del Español Urgente. La hemos escuchado, pronunciado y pensado, pero ¿cuánto pesa la política detrás de ese término? Durante más de dos años ha desbordado los titulares de los periódicos, horas de informativos de televisión y el interés de los usuarios en las redes sociales. Cinco mil millones de personas en todo el planeta han recibido al menos un pinchazo que ha logrado cambiar el rumbo de esta pandemia. Más allá de la emergencia sanitaria, este hecho ha abierto una nueva etapa de alianzas y estrategias en el ámbito político. 

 

LAS EMPRESAS QUE TUVIERON EL MUNDO A SUS PIES 

Antes de que se diagnosticara el primer caso de coronavirus, las vacunas tardaban en desarrollarse entre cinco años —la más rápida, la del ébola— y diez. Cuando se desató la pandemia, estos plazos alertaban de una larga crisis global sin precedentes. Sin embargo, la historia dio un giro cuando en diciembre de 2020 Margaret Keenan, de 90 años, recibió en el Reino Unido la primera dosis de la vacuna Cominarty, desarrollada por Pfizer y Biotech. 

Durante el primer semestre de 2021 la carrera por la inmunidad —ahora en entredicho— fue lenta y muy desigual. Mientras Israel había protegido al 57,1 por ciento de su población hasta el 10 de marzo de ese año, el porcentaje era minúsculo en lugares como Brasil (3,7 por ciento) y la India (1,5 por ciento). La escasez de vacunas y la dificultad para negociar con los fabricantes obstaculizaron el proceso. 

La OMS ha aprobado de momento diez vacunas y suman 35 las autorizadas de emergencia por al menos un país. Si bien no es necesario que este organismo internacional dé el visto bueno para que las vacunas puedan utilizarse, su conformidad se ha considerado tácitamente como una especie de estandarización universal. Además, muchos Estados han adquirido dosis de forma bilateral mediante acuerdos con las empresas proveedoras. 

La ley de oferta y demanda ha colocado a las farmacéuticas, que poseían un bien escaso, en el centro de la lucha contra el coronavirus. La Unión Europea, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Israel y otras potencias con grandes recursos económicos y capacidad para negociar coparon los contratos y aseguraron con anticipación dosis para todos sus ciudadanos, incluso más de las necesarias. 

Las empresas fabricantes de las vacunas han mercadeado con ventaja y la polémica surge principalmente por el origen y el volumen de fondos que han auspiciado la labor de estas compañías. Gobiernos, entidades sin ánimo de lucro, universidades y otras instituciones han invertido grandes sumas para intentar detener la pandemia cuanto antes, aun a riesgo de que los resultados no fueran favorables. Por ejemplo, según la revista británica The Lancet, GlaxoSmithKline y Sanofi Pasteur recibieron 1.740 millones de euros pero su vacuna se descartó por no cumplir los requisitos mínimos de la OMS. 

La ONG Médicos Sin Fronteras cifra en más de 7.000 millones de euros el esfuerzo público para contribuir al desarrollo de las vacunas candidatas: Novavax (1.740 millones de euros), AstraZeneca (1.400), Jhonson & Jhonson (1.250), Moderna (800) y Pfizer-BioNTech (370). Como contrapartida, desde octubre de 2020 en la Organización Mundial del Comercio (OMC) se discute una propuesta para la suspensión temporal de las patentes en medicamentos, vacunas, pruebas diagnósticas y otras tecnologías. Sin embargo, la medida no cuenta con el respaldo necesario. En una entrevista concedida a La Vanguardia, Achal Prabhala, investigador de la Fundación Shuttleworth, habla de los «resultados desastrosos» que proteger la propiedad intelectual ha supuesto en la pandemia. «He tenido experiencia directa de cómo los monopolios farmacéuticos —que abarcan desde el sida y el cáncer en Ia India hasta la hepatitis en Europa del Este y Latinoamérica— han causado miles de muertos al negar el acceso a medicinas a millones de personas», alerta.

Un revés para la salud global, pero un buen negocio para las farmacéuticas. Todavía no se conocen sus cuentas anuales, pero Pfizer esperaba cerrar 2021 con un beneficio neto de 21 980 millones de dólares y una facturación total cercana a las 82 000 millones de dólares, el doble que el año anterior. Por su parte, Moderna informó en febrero de que había ganado 12 202 millones de dólares, su primer resultado positivo en once años. Y Johnson & Johnson anunció que había ingresado 2.116 millones en 2021 solo por las ventas de su vacuna.

 

LATINOAMÉRICA EN LOS BRAZOS DE CHINA Y RUSIA

Donde hay un problema alguien encuentra una oportunidad. Así lo han visto China y Rusia, que han intentado sacar partido a la crisis mirando hacia Latinoamérica. Con ambiciosas políticas exteriores, han decidido apoyar a esta región y expandir de esta manera su influencia.

Ante la escasez de dosis, casi todos los países latinoamericanos han recurrido a vacunas desarrolladas por estas potencias. Brasil, Chile, Ecuador, Colombia y México han aplicado Sinovac; mientras que Bolivia, Argentina, Perú, Paraguay y Venezuela, Sinopharm, también china. Por otra parte, Rusia ha vendido a Argentina, Bolivia, Paraguay, México y Venezuela. 

 

Hasta octubre de 2021 el 31,2 por ciento de las vacunas administradas en Argentina provenía de China y el 29,1 de Rusia. Mención especial merece Chile: el país de Latinoamérica que más rápido llegó a inmunizar al 70 por ciento de su población gracias a las gestiones con el laboratorio chino Sinovac, que proporcionó, hasta esa fecha, el 71,4 por ciento de las dosis. El acuerdo, que se empezó a gestar en mayo de 2020, previamente a que la empresa iniciara las fases III y IV del estudio, incluyó la realización de ensayos clínicos financiados por Chile. Siete meses después, los presidentes Sebastián Piñera y Xi Jinping sostuvieron una conversación telefónica el 15 de diciembre para apurar la diplomacia. Un marco simbólico, ya que se conmemoraban cinco décadas de sus relaciones diplomáticas.

Emili Blasco, director del centro Global Affairs de la Universidad de Navarra, apunta que no es ninguna novedad que China muestre interés económico en estos territorios: es el socio comercial más importante en muchos países. En su opinión, el proceso ha supuesto un salto en el prestigio de China, que ya no estará solo vinculada a vender barato o conceder préstamos, sino también a salud y ciencia. «Sin duda —reconoce— una victoria en términos de imagen». Además, cree que «China encontró en Latinoamérica, con alta incidencia del virus y sistemas de salud adecuados, un campo adecuado para llevar a cabo ensayos clínicos, y desde entonces se posicionó en el centro de la opinión pública». 

Sobre el nivel de influencia de Rusia, el profesor Blasco considera que no ha sacado tanto rendimiento a la baza diplomática. Según explica, el Gobierno de Putin, con menos poder económico que China, sabe elegir ocasiones para exhibir su notoriedad. En materia de vacunas, quisieron aparecer como una potencia mundial, pero «han quedado en evidencia sus debilidades, principalmente con la fabricación en masa y la exportación».

Blasco diferencia dos etapas en el proceso de vacunación en Latinoamérica respecto a la geopolítica: una inicial, en la que los países orientales tuvieron más influencia, y una segunda en la que parece que se ha regularizado el envío de dosis por parte de naciones occidentales. La mayoría de los Gobiernos están poniendo empeño en aplicar dosis de refuerzo, después de la oleada de contagios por la variante ómicron. 

El origen del suministro de las dosis motivó una brecha en las relaciones de Estados Unidos con los países latinoamericanos. En el caso de Argentina, la Casa Blanca llamó la atención al Gobierno de Alberto Fernández. Como recoge Infobae, Juan González, asistente de Biden y director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental, señaló que no iban a culpar al Gobierno argentino por conseguir vacunas para su población. «El llamado “mercantilismo de vacunas” por parte de Rusia y China es para ellos una iniciativa para avanzar en influencia, pero no están organizando una respuesta global a la pandemia, que nosotros haremos de acuerdo a normas internacionales», advirtió en un encuentro con periodistas celebrado el 14 de abril de 2021 en Buenos Aires. 

Brasil también confió en Sinovac. Bolsonaro, conocido por su visión ultraderechista, apostó por un producto de la China comunista a pesar de las constantes campañas de sus seguidores poniendo en duda la eficacia del fármaco.  El ministro de Relaciones Exteriores de Pekín manifestó en junio de 2021, durante una reunión con diplomáticos extranjeros, que su país estaba dispuesto a incrementar el nivel de cooperación con Brasil respecto a las vacunas, unas declaraciones que marcaron un hito.

Como puntualiza el periodista científico argentino Federico Kukso, para abastecerse de vacunas naciones como Argentina y Chile recurrieron a los países que «les contestaron el teléfono». Y ahí estaban China y Rusia. «La venta se produce en un contexto en el que Estados Unidos y Europa le dieron la espalda al resto del mundo», subraya. 

Kukso considera que las donaciones de vacunas por parte de la Unión Europea y Estados Unidos llegan demasiado tarde: «Es fácil hacerlo un año después, porque necesitan quedar bien con estos países y seguir controlando sus mercados, pero las donaciones son exiguas e ineficientes». El «sálvese quien pueda», opina, no ayuda a erradicar la pandemia mientras haya zonas del mundo que no estén cubiertas por vacunas: «Con otro enfoque —con un organismo que se encargara de distribuir equitativamente las dosis— la situación hubiera sido distinta». 

Durante estos dos años, los ministerios de Exteriores han tenido que adaptar sus estrategias al tipo de vacunas contratadas, sus países de procedencia y los contratos bilaterales suscritos. Sin embargo, la explosión de casos por la variante ómicron avivó la pregunta sobre si el mundo va en la dirección correcta para que dejen de surgir nuevas variantes, que aparecen principalmente en regiones con bajos índices de vacunación. Acerca del debate sobre la suspensión transitoria de la propiedad intelectual, una medida extraordinaria para hacer frente a la amenaza del coronavirus, Kukso responde con una crítica: «Es curioso ver cómo las compañías farmacéuticas se aferran a las patentes en un momento de crisis». 

 

LA SOLUCIÓN QUE NO FUE TAL

«El mundo está al borde de un catastrófico fracaso moral». Son las contundentes palabras con las que el director general de la OMS hizo balance en enero de 2021 durante una reunión virtual de su comité ejecutivo. Calificó de egoísta la actitud tanto de las naciones más ricas, que acaparan el suministro de vacunas, como de las farmacéuticas, por priorizar sus beneficios.

Tedros Adhanom Ghebreyesus reconoció que la promesa de un acceso mundial equitativo a las vacunas contra el coronavirus peligraba y aportó algunas cifras para dimensionar el «muro de la desigualdad»: mientras que ya se han administrado 39 millones de dosis en al menos 49 países ricos, solo se han aplicado 25 dosis en uno de los países de más bajos ingresos. Y advirtió del precio de un fracaso que «se pagará en vidas de los más vulnerables».

Con la misión de llevar esperanza a esos lugares ignorados, la OMS, la Alianza para la Vacunación (Gavi), con una trayectoria de dos décadas, y la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI, por sus siglas en inglés) lanzaron en abril de 2020 el programa COVAX. Su objetivo: distribuir dos mil millones de dosis antes de que acabara 2021.

La iniciativa reúne a Gobiernos, científicos, empresas, filántropos, organizaciones de la sociedad civil y de la salud como la Fundación Bill y Melinda Gates, la Fundación para la Innovación en materia de Nuevos Diagnósticos (FIND), el Fondo Mundial, Unitaid, la fundación benéfica Wellcome y el Banco Mundial. También participan Unicef y la Organización Panamericana de la Salud como socios encargados de su ejecución.

El 8 de septiembre, un año y medio después de su puesta en marcha, las autoridades de COVAX se vieron obligadas a anunciar que no podrían alcanzar su compromiso. Quizá erraron al confiar en la vacuna de AstraZeneca, desarrollada por el Serum Institute de la India. Con los estragos que causó la aparición de la variante delta, el Gobierno de Nueva Delhi decidió suspender las exportaciones para priorizar la vacunación interna. También remaron en contra los pactos bilaterales que diferentes países —paradójicamente algunos fundadores, donantes e incluso beneficiarios de COVAX— firmaron con los proveedores. Estos contratos vaciaron la despensa inicialmente destinada al programa. 

Ralph Midy, especialista regional de salud materno-infantil de Unicef Latinoamérica y El Caribe, entiende las circunstancias en las que se incubaron esos acuerdos. «El terror que ha desencadenado la pandemia —argumenta— ha hecho que los países pacten bilateralmente aunque estén inscritos en el sistema». También defiende que COVAX no ha fallado. Lo que ha ocurrido en su opinión es que «creer en esta estructura era algo muy noble», pero los buenos propósitos no han logrado vencer las tensiones en pugna en este mercado: «No hay que olvidar que es también un negocio y el que da más dinero gana. Por eso se retrasó mucho la llegada de las dosis». 

A pesar de la lentitud con la que avanza, Midy resalta la parte humanitaria del proyecto: «No podemos olvidarnos de que se han salvado vidas con estas vacunas». Hasta el 14 de marzo de 2022 COVAX ha repartido más de 1.365 millones de dosis en 144 países y tiene una gran influencia en Latinoamérica y África. 

En el continente africano, COVAX es el principal proveedor. Allí se registran los índices más bajos de vacunación, algo que el experto de Unicef achaca a la resistencia de los ciudadanos a inmunizarse. La desinformación y aspectos culturales, como la importancia de la medicina tradicional, han pesado más. En este sentido, aporta detalles sobre Haití. La región centroamericana tiene un porcentaje de vacunados muy bajo, pero está devolviendo vacunas a COVAX porque no las quieren usar. «A estas alturas —comenta— es más una cuestión educativa que de falta de dosis».

Sin embargo, otras voces no comparten este argumento. Xavier Aldekoa, corresponsal en África de La Vanguardia, tiene claro quién es el principal culpable de esta situación: «La insolidaridad del resto del planeta, con millones de dosis caducadas en países ricos». El periodista considera secundarios los «problemas de pobreza» y recuerda que quienes descubrieron la variante ómicron y avisaron al mundo lo antes posible fueron científicos sudafricanos gracias a su experiencia de primer orden. «Por lo tanto, no se trata de falta de conocimiento, sino de medios y logística», sostiene.

En esa dirección apunta también el investigador y activista de origen indio Achal Prabhala. Durante la pandemia ha colaborado con el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz para analizar la diferencia entre la distribución de las vacunas del covid y de la gripe, a la que todos los países tienen acceso por un coste razonable. «La vacuna para la gripe se diseñó antes de la creación de los tratados de protección de propiedad intelectual —manifiesta—. En los años setenta del siglo pasado existía un espíritu de solidaridad; ahora, no».

Desde Sudáfrica, Umunyana Rugege, directora de la organización en pro de los derechos humanos y la justicia social Section27, cita otro ejemplo: el sida. «Aún recordamos aquellos tiempos cuando cada día enterrábamos a personas muertas a causa del VIH. Mientras esto sucedía en mi país, los antirretrovirales salvaban vidas en Estados Unidos y Europa», lamenta. 

La abogada aclara cómo se consiguió revertir este horizonte. Gracias a la movilización de la sociedad civil y de los pacientes, se pudo fabricar antirretrovirales genéricos en aquellos países donde las patentes no ejercían bloqueo. «Los precios se redujeron drásticamente —explica—, y se salvaron cientos de miles de vidas». 

Desde hace dos años, la humanidad se encuentra ante una encrucijada histórica. El reto de vacunar a todo el planeta para desactivar la amenaza del covid-19 ha requerido desplegar medidas extraordinarias que se han quedado cortas. Como puntualiza Rugege, no basta con que los países ricos, después de sobreabastacerse, donen vacunas a África. «Una emergencia de salud pública no se soluciona con caridad —reclama—. Se soluciona si cambias tu percepción del mundo, si examinas los abismos de desigualdad que persisten desde hace décadas. Si el sistema que tenemos no funciona en tiempos normales, mucho menos en una pandemia».