enero - febrero 2010
“Miles de familias necesitan los ingresos de los niños para sobrevivir”
Más de 800.000 menores que trabajan. “Hemos prohibido el trabajo infantil (hasta los 14 años) y queremos eliminar poco a poco el trabajo adolescente (entre 14 y 18)”, dice Eva Udaeta, directora del Plan para la Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil, del Ministerio de Trabajo boliviano. Pero la realidad es un maremoto que ahoga las prohibiciones y los propósitos: según un informe de la ONU de 2009, en Bolivia 845.000 menores ejercen trabajos de todo tipo sin contratos ni seguros (son vendedores callejeros, lustrabotas, ayudantes de albañiles, agricultores, pastores…). “Miles de familias necesitan los ingresos de los niños y los adolescentes para sobrevivir. No podemos prohibirles la supervivencia, así sin más, sin ofrecer otra salida”, dice Cecilia Molina, directora de Cepromin (Centro de Promoción Minera) en La Paz. “El Gobierno dice que el trabajo infantil es ilegal, pero nosotros creemos que debe ser un derecho: los niños tienen derecho a trabajar, porque les permite sobrevivir, les ayuda a madurar, a socializarse, a formarse, en una sociedad que no ofrece otras posibilidades. Pero debe ser un derecho con condiciones muy tajantes: no pueden ser trabajos de explotación, no pueden limitar el derecho de los niños a la educación y la salud. Nosotros exigimos que se cumplan esas condiciones y educamos y formamos a los niños para que abandonen las tareas más duras, como la minería, y busquen oficios mejores. No hay otra manera real de cambiar las cosas”.
La versión del gobierno. El Gobierno boliviano no acepta esa tesis: “Por principio universal, el trabajo no es un derecho de los menores”, responde Udaeta. “En las familias de clase media a nadie se le ocurre decir que los niños tienen derecho a trabajar. Sólo se lo plantean las familias pobres, ¿y podemos defender un derecho que sólo sirve a los pobres y que es impensable para el resto de la sociedad? El trabajo infantil es una explotación impulsada por la miseria, así que debemos ir a la raíz: debemos luchar contra la pobreza. Y para eso está tomando medidas el Gobierno”. A pesar del desacuerdo, ambas partes expresan su deseo de no gastar energías en este debate: hay casos muy urgentes que exigen un trabajo conjunto.
