Estados Unidos ha vivido en la última década una mutación silenciosa y constante: la política ha cambiado de manos y ahora son tribunales, think tanks y la calle misma los que marcan la agenda. El futuro del gigante americano se dibuja cada vez menos desde el Capitolio. ¿Cómo ha sucedido? Recorremos la anatomía de esta desinstitucionalización que, aunque parezca lejana, empieza a asomar también en España.

Pese a la imponente blancura de su cúpula, el Capitolio de los Estados Unidos se ha convertido durante los últimos años, quizás por la ironía del destino, en un monumento a su propia disfunción. El shutdown del pasado otoño —aquellos meses de paréntesis de las tareas de la Administración por una falta recurrente de acuerdo presupuestario— fue mucho más que una simple disputa fiscal. Aquello levantó, de hecho, el símbolo de una abdicación. Las instituciones norteamericanas protagonizaron no solo una dejación de funciones, sino sobre todo una dejación de derechos.

De Washington D. C. como sede del bullicio institucional hasta los parques nacionales más recónditos de la Costa Oeste, el país experimentó entonces un insólito parón: más allá de los once cierres de Gobierno anteriores, Estados Unidos registró entre octubre y noviembre de 2025 el shutdown más largo de su historia. Todo lo que lleva federal por apellido quedó congelado, pero no lo demás: la sociedad norteamericana continuó a pleno rendimiento. Y así todavía hoy: mientras los legisladores se enzarzan en guerras de posiciones sin un vencedor claro, el entramado político de la sociedad civil no se detiene.

Esta es la paradoja más fascinante y menos comprendida de la democracia norteamericana: el país marcha bien y mantiene su estabilidad a pesar de que su poder legislativo —y parte del ejecutivo— se encuentre en un estado de parálisis casi permanente. Esto no siempre fue así, claro: el estancamiento legislativo estadounidense es un fenómeno reciente, agudizado desde finales de los años noventa y cronificado tras la crisis financiera de 2008. Entonces el bloqueo dejó de ser una anomalía para convertirse en una estrategia política que el presidente Trump y sus adversarios han sabido aprovechar. Es lo que Francis Fukuyama llamó vetocracia: el veto no es ya una anomalía sino el primer recurso de las instituciones.

A la inmovilidad del Capitolio se suma el hartazgo que provoca la polarización de la capital como argumento primario para despojar a Washington de su carácter de eje. El bullicio político queda, así, en manos de una vasta y sofisticada red que trabaja fuera de las estructuras formales: la sociedad civil. De ahí que desde los años noventa —cuando la polarización comenzó a erosionar los principales consensos, como en el impeachment de Bill Clinton en 1998 o el shutdown de 1990—, pero en especial desde 2010, el verdadero motor de la nación ya no resida en los despachos de «la Colina», sino en la calle, en los campus universitarios, en los medios de comunicación y, de un modo crucial, en una variadísima arquitectura de organizaciones, asociaciones e iniciativas privadas.

Este entramado de actores podría llegar a ser la realidad que termine reconfigurando el espacio público y la conversación política en España y el resto de Europa, como sucedió antes con el wokismo. El andamiaje que sostiene la política estadounidense se encuentra hoy, de manera determinante, en el activismo, las iniciativas privadas y la presión social. El poder se ha topado con una novedosa geografía, y solo entendiendo sus coordenadas se podrá anticipar el futuro que probablemente le espera a España.

OTRO EJE POLÍTICO

Los que saben de ciencia entenderán la metáfora. Como la física, la política aborrece el vacío. Por eso la sociedad civil ha ocupado el peso político que durante siglos retuvieron las instituciones. Pensadores como Chantal Delsol han hablado de este proceso de deslegitimación como una crisis de las instituciones tradicionales frente al auge de la pertenencia a grupos concretos y gobernables. De vuelta a la metáfora científica: este fenómeno de traspaso de poderes obedece en Estados Unidos a una suerte de ley de la conservación de la energía (política). No es que el poder se destruya o construya, sino que se transforma. La incapacidad de las instituciones para generar leyes federales obliga a crear marcos políticos en nuevos niveles.

Pero ¿cuáles son esos niveles? ¿Qué eje vertebra el funcionamiento de esta política norteamericana? Este desplazamiento del poder ha quedado durante los últimos años perfilado en tres direcciones clave. En Estados Unidos, la relación entre el ciudadano y el Estado ya no pasa por la Administración federal, sino por el Estado, el juzgado y la sociedad.

Hay, en primer lugar, una deriva hacia lo estatal: si antes D. C. era el nervio de la configuración ideológica del país, este fenómeno de descentralización se ha intensificado con la vuelta a los cincuenta Estados. La sentencia Dobbs vs. Jackson de 2022 es un ejemplo paradigmático de ello: el poder legislativo sobre el aborto ha caído en manos de los Estados. No es esto una demostración del principio de subsidiariedad; más bien la consecuencia de un hartazgo. Los Estados norteamericanos —y, con ellos, un entramado de gobernadores, asambleas y fiscalías— se han erigido en nuevos protagonistas del rearme ideológico y político estadounidense. Pero también legislativo: todo aquello que no se puede aprobar a nivel federal a causa de la parálisis de las instituciones se impone por separado en Illinois, Nevada o Arkansas.

En las leyes de los cincuenta Estados se encuentran ejemplos de esta descentralización: mientras que el Congreso apenas ha logrado una legislación unificada sobre las políticas de cambio climático, Estados como California —gobernado por el demócrata Gavin Newsom— han impulsado políticas de emisiones que afectan a toda su cadena de suministro. De la Costa Oeste ha salido, de facto, una nueva obligación para el resto de Estados Unidos. Algo parecido lleva un tiempo ocurriendo en el lado republicano: la agenda sobre el derecho a portar armas —la famosa segunda enmienda— o el control de la educación se está diseñando e implementando para el país entero desde los «Estados rojos».

El segundo desplazamiento es más bien judicial. La toga ha cobrado más fuerza que algunos escaños, y el asiento en un tribunal se ha demostrado capaz de influir con fiereza en el sistema político norteamericano. Un conocido politólogo, el catedrático canadiense Ran Hirschl, llama a este giro juristocracia. En Estados Unidos la contienda legal es más rápida y decisiva que el lento debate legislativo de la Colina. Los juzgados —desde las cortes de distrito hasta el Supremo— son terreno de combate político, con lo que abogados, fiscales y jueces se transmutan en actores políticos. La vanguardia lleva puñetas: mientras que una ley del Congreso puede acabar derogada en la siguiente legislatura, una victoria en la Corte se hace ley permanente.

El tercer vuelco de paradigma se esconde en el creciente protagonismo de la sociedad civil. Si bien los partidos tradicionales conservan su peso histórico —especialmente el binomio demócrata-republicano—, la sociedad civil aparece como la retaguardia de estas organizaciones. Son ciudadanos los que asumen responsabilidades que antes eran propias de los aparatos partidistas: la llamada al voto, la formación de nuevos cuadros de partido, la búsqueda de fondos y el diseño de políticas dependen de iniciativas independientes y campañas privadas. Esta infraestructura es el auténtico sistema que ha permitido que la política estadounidense continúe operando bajo esa fachada de la disfunción institucional.

LA ARQUITECTURA INVISIBLE

¿Esto no ha sido siempre así? ¿No es cierto que la sociedad civil ha jugado un rol protagonista en la historia americana? ¿Qué es lo que ha cambiado? Son muchas las aristas de esta arquitectura invisible, y todas ellas quedan hilvanadas por una certeza: lo civil en la política ha adquirido un grado notable de profesionalización, una red de búsqueda de fondos sostenida y un reparto equitativo de la importancia. La política fuera de las instituciones ya no es un activismo amateur, sino una industria organizada.

Aquí entran los think tanks. Si bien en España su presencia y reconocimiento parecen, hasta la fecha, limitados, en la atmósfera americana se vislumbra con normalidad la función de los numerosísimos centros de pensamiento que configuran la conversación pública. Durante décadas estos laboratorios de ideas han desarrollado una intensa agenda de consultoría política: los senadores y congresistas sabían que en los informes de estos think tanks encontrarían con frecuencia análisis sugerentes… y poco más.

Pero algo ha cambiado: hoy diseñan la gobernanza política. Organizaciones como el Cato Institute —corazón del pensamiento liberal—, la Heritage Foundation —bastión del conservadurismo americano—, la Brookings Institution o el Center for American Progress —destacado laboratorio progresista— ya no se limitan a publicar análisis e informes. Durante los últimos años, han venido desarrollando una doble misión: el diseño directo de políticas y la formación de líderes. No es difícil encontrar en alguno de estos think tanks modelos de legislación ya redactados sobre asuntos complejos como la reforma fiscal, el futuro de las universidades o el reajuste del sistema de energía. Un ejemplo de esto último se encuentra en el informe A 100 Percent Clean Future, del Center for American Progress.

Poco antes de la segunda victoria de Donald Trump, en noviembre de 2024, la influyente Heritage presentó su «Proyecto 2025», una extensa colección de propuestas para remodelar el Gobierno federal y consolidar el poder ejecutivo desde un prisma conservador. Bajo la teoría del «ejecutivo unitario», la fundación preparó los primeros cien días de mandato de Trump con medidas muy específicas como reclasificar a miles de funcionarios públicos, reformas ambiciosas en el Departamento de Justicia o el FBI y el desmantelamiento de otros órganos, como el Departamento de Educación o el Departamento de Seguridad Nacional. En el proyecto también se incluían reducciones drásticas en políticas ambientales, una extensa batería de pautas provida y en defensa de la familia, y la promoción de una agenda cristiana dentro del aparato estatal.

Por esta vía, los think tanks son auténticas canteras de poder. Su capacidad añadida para formar líderes, moldear visiones ideológicas y preparar a equipos completos les está permitiendo influir en la Administración antes incluso de que una mayoría alternativa gane las elecciones. Allí donde se queda una vacante —desde una agencia federal hasta una oficina estatal— suelen llegar profesionales entrenados en estas instituciones, familiarizados con sus prioridades y herederos de su cultura política. Años de desinstitucionalización han hecho que estos centros escalen de los informes y las recomendaciones a la presencia misma de sus cuadros en el engranaje del Estado. No son, tal vez, vicepresidentes, pero ocupan puestos de responsabilidad. Por ejemplo, James Sherk, del America First Policy Institute, fue asistente especial de Trump en el Consejo de Política Nacional, un ente que también dirigió Andrew Bremberg, vinculado a Heritage Foundation.

OTRAS FORMAS DE ACTIVISMO

Los think tanks son la cara más institucionalizada de esta nueva geografía del poder. En paralelo, el activismo en la calle y las redes ha dejado de ser un actor secundario del reparto para convertirse en una fuerza permanente, organizada y muy especializada. Un ejemplo paradigmático de esta especialización es el entramado de organizaciones provida en Estados Unidos. Más allá de la protesta, las asociaciones provida norteamericanas operan con abogados, estrategas electorales, expertos en comunicación y asesores legales, con la finalidad de no solo expresar su voz en la calle sino también en tribunales, asambleas y medios de comunicación. Vivimos en un tiempo entregado a una constelación de causas concretas —¡concretísimas!— que, desde la cocina de cualquier casa o el teléfono de un adolescente, puede lograr la agitación de los cimientos de todo un país. La movilización provida que se dio tanto en las redes sociales como en organizaciones descentralizadas logró, en 2022, revertir la sentencia de Roe vs. Wade. No hace falta un partido para sentirse integrado en un grupo social con intereses políticos articulados: basta una comunidad digital, una revista de pensamiento o un líder carismático en redes para encender la chispa.

Uno de los campos más llamativos es el control de la educación. El currículo escolar protagoniza un debate siempre candente en Norteamérica. Y ahí grupos como el conservador Moms for Liberty han descubierto que la política más influyente es la que se libra en lo concreto: la educación de sus hijos. Las juntas de padres —espacios alejados del ruido nacional— parecen campos de debate ideológico. Su caso es paradigmático: lo que empezó como una oposición a determinadas lecturas en clase —desde El guardián entre el centeno hasta Género Queer— o unidades didácticas de contenido ideológico se ha transformado en una ofensiva cultural de gran calado.

Nacieron en la republicana Florida en 2021 y pronto extendieron su labor por numerosos Estados demócratas. Sin embargo, su fuerza no reside en grandes aparatos y estructuras, sino en la movilización de miles de madres y padres que jamás se unirían a un partido, pero sí a una causa que perciben como personal. ¡Son sus hijos!

En el extremo opuesto del espectro político, el activismo climático ha encontrado su propia forma de presión. Sunrise Movement, heredero de las tácticas del activismo estudiantil, ha llevado la protesta al terreno de lo disruptivo. Han okupado edificios, organizado sentadas y manifestaciones, escraches y campañas virales que han servido para poner sobre la mesa de los líderes demócratas propuestas que, hasta hace pocos años, parecían impensables, como el Green New Deal. Al igual que tantas otras iniciativas, carecen de escaños, pero han acumulado cierta capacidad para monopolizar la atención de los medios de masas, conectar las quejas de los jóvenes y elevar el coste político de la inacción climática.

Este ecosistema confirma una intuición decisiva para el futuro del modo de hacer política: el activista contemporáneo ya no necesita la mediación de los partidos políticos. No requiere el paraguas de una estructura tradicional ni que lo avalen congresistas poderosos para defender con vehemencia su causa. Es en esta asociación inmediata, sin intermediarios, donde reside la verdadera potencia del activismo estadounidense: en la calle se esconde una fuerza que reorganiza la política desde abajo.

¿QUÉ QUEDA DEL ALGORITMO?

La conversación pública ya no transcurre en las columnas de opinión de las grandes cabeceras ni tampoco en los platós televisivos. En EE. UU., como en la mayoría de países europeos, un océano de pantallas organizadas a través de algoritmos decide qué merece nuestra atención. Es el tribalismo moral del que habla Jonathan Haidt: sin los filtros tradicionales y con un discurso siempre personal, a menudo centrado en las emociones y, recientemente, más radicalizado, la política se ha vuelto un producto de consumo inmediato. Se han cambiado los discursos por los reels, y el desacuerdo se percibe como una amenaza y no como una diferencia legítima.

En esta lógica de la velocidad han emergido figuras que transforman su propio carisma en una plataforma de poder. El líder ha mutado en activista viral —ya sea podcaster, influencer o rebelde universitario—, y la distanciada relación del político con su votante se ha metamorfoseado en un diálogo directo en redes. El activista, además, no rinde cuentas a una estructura de partido ni necesita el respaldo de un programa electoral: bastan un micrófono, una cámara y un fragmento polémico que prenda la llamarada de la vehemencia. Lo que antes era un debate moderado ha dado paso a una sucesión de monólogos encendidos y cápsulas de indignación y euforia. Como la música monótona de los ascensores de los hoteles, el debate es una melodía de fondo que no para de sonar.

Esto tiene un coste para la sociedad estadounidense. A Charlie Kirk lo asesinaron por la fina línea que separa la disidencia de la guerra. Que no haya foros de encuentro ha acelerado la polarización en la sociedad americana, e indignarse ya es la manera más rentable de comportarse. El algoritmo ha hecho que la diversidad de opiniones quede anulada y que cada quien escoja su propio menú.

EL ESPEJO ESTADOUNIDENSE

Esta migración del poder fuera de las instituciones no es un fenómeno autóctono, fruto de las evidentes rarezas de Washington o de su tradición política. Aunque en Estados Unidos se ha dado con mayor intensidad, este hecho es, más bien, la manifestación visible de un cambio estructural que recorre todas las democracias y que se acerca también a la española. Los síntomas están aquí, tímidos pero innegables. El sistema político español vive una erosión silenciosa que recuerda, en un espejo más tenue, lo que Estados Unidos ha experimentado en la década pasada.

El primer indicio está en la crisis de confianza en los partidos políticos. La fidelidad a las siglas, hace décadas un componente estable de la política española, se ha ido diluyendo con la misma sencillez con la que han crecido las plataformas digitales y las iniciativas personalistas. Los ciudadanos buscan ahora refugios más inmediatos y afines a preocupaciones concretas. Más que en los partidos, se confía en asociaciones, colectivos y canales de opinión personalizados, mientras que las estructuras clásicas de los partidos ya no ofrecen eso. La pertenencia, como en América, se ha desplazado del Congreso a la calle.

A esto se suma un segundo rasgo: la judicialización de la vida pública. Allí donde la política no llega, lo hace un tribunal. En España, como en Estados Unidos, los magistrados se constituyen en dinamizadores de gran importancia, y muchos ciudadanos confían al poder judicial lo que antes se esperaba del legislativo.

Un tercer síntoma es el más revelador: el triunfo de las narrativas por encima de la ley. No son pocos los grupos que, bien coordinados y financiados y hábiles en el manejo del lenguaje —quien nomina domina, dijo Pierre Bourdieu—, están logrando instalar marcos de pensamiento alternativos que condicionan el debate público con más eficacia que cualquier ley aprobada en las Cortes. La desinstitucionalización ha permitido que las palabras sean armas políticas, y, de hecho, quien controla el relato controla una parcela de poder.

Estados Unidos es hoy el laboratorio más visible de todo este fenómeno. Su Capitolio ha perdido la potencia de su voz, al tiempo que una política alejada de las instituciones no deja de gritar. En medio de este estruendo —que resuena con fuerza en juzgados, en redes sociales y en campus universitarios— parece asomar un futuro posible: uno en el que la democracia sigue funcionando, sí, pero que todavía necesita aprender a gobernar cuando buena parte de lo importante sucede fuera de sus instituciones de siempre.