Grandes temas África Nº 720 Economía
La carrera africana por el dinero verde
África es un caramelito para la transición ecológica: dispone de las mejores condiciones para generar cantidades ingentes de energía verde y ofrece las materias primas necesarias para alcanzar las cero emisiones netas. Durante los próximos años, las industrias ecológicas —renovables, créditos de carbono…— multiplicarán exponencialmente sus beneficios al sur del Mediterráneo. Sin embargo, estas ganancias no siempre repercuten en una vida mejor para los habitantes de aquellos países en desarrollo. ¿Quién gana y quién pierde en la carrera africana por el dinero verde?
Peter Meikobi todavía recuerda el 2 de noviembre de 2023. Un vecino le avisó de que unos guardabosques habían destrozado su casa. «Eran doscientos cincuenta. Solo hablaban el idioma del hacha y el fuego», cuenta. En menos de tres horas arrasaron doscientos hogares en Sasimwani, un pequeño pueblo en el bosque de Mau, Kenia. En sus 273 000 hectáreas vivían alrededor de mil cazadores de la comunidad ogiek. El periodista Alex Kisioi, del Programa de Desarrollo del Pueblo Ogiek, los define como «los guardianes del bosque».
En octubre, el presidente William Ruto ordenó echar a los «invasores» de Mau, en teoría, para proteger el ecosistema de captación de agua más grande del país. «Deben salir inmediatamente; estamos poniendo un cerco. No es una petición», dijo. En 1997, el Gobierno ya había intentado expulsar a los ogiek de Kiptunga, pero respondieron con una revuelta. También hubo desalojos en 2009. En septiembre de 2023, una nueva regulación anuló la Ley de Tierras Comunitarias de 2016, lo que permite desahuciar a los pobladores en caso de desarrollar proyectos de carbono. Esta nueva norma desoye dos sentencias de 2017 y 2022 de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de Arusha a favor de los ogiek.
«Nos echan por los créditos de carbono —señala Kisioi—. A este Gobierno le interesa más el dinero que su gente». De esto no hay pruebas, pero sí pistas. El 3 de diciembre de 2023 se anunció que el Ejecutivo había pactado ceder 60 000 hectáreas a la empresa holandesa IDH, que trabaja con plantaciones de té, para evitar la deforestación de Mau. Sasimwani se encuentra en esa zona. Un mes antes, la entidad dubaití Blue Carbon LLC afirmó haber llegado a un acuerdo para hacerse con «millones de hectáreas» en Kenia para explotar los créditos de carbono. Aunque no está claro si se incluye el bosque de Mau —el documento es confidencial—, Ruto decretó su desalojo tres semanas antes del anuncio.
Este es el nuevo modelo de negocio para pagar la conservación climática. El jeque Ahmed Dalmook Al Maktoum, de la familia real de Emiratos Árabes Unidos, fundó Blue Carbon en octubre de 2022 sin historial en el sector. Aun así, ya tiene memorandos de entendimiento con multitud de países africanos y se ha hecho con la gestión de un área más grande que la superficie del Reino Unido en territorios de Zimbabue, Liberia, Zambia y Tanzania.
«ÁFRICA INTENTA LIDERAR LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA EN LAS CUMBRES MUNDIALES. LA FINANCIACIÓN ES VITAL PARA QUE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA CUBRA LAS NECESIDADES INTERNAS Y LA EXPLOTACIÓN»
Pero ¿qué son los créditos de carbono? Se trata de una herramienta internacional que permite a entidades privadas y países compensar su contaminación invirtiendo en proyectos de conservación climática que preserven la naturaleza y atrapen el CO2, como en los bosques africanos.
En el norte de Kenia, las multinacionales Meta —matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram— y Netflix compraron en marzo de 2023 créditos de carbono por valor de decenas de millones de dólares a la multinacional Northern Kenya Grassland Carbon Project. Expulsaron a la comunidad indígena de pastores Borana y alteraron sus patrones de trashumancia tradicionales. Tres meses más tarde, dieciséis compañías de Arabia Saudí adquirieron más de 2,2 millones de toneladas de créditos de carbono en la mayor transacción en la historia del mercado. Blue Carbon LLC vende esos activos a terceras empresas a cambio de ingentes porcentajes de beneficios (el 70 por ciento en un acuerdo firmado con Zimbabue que se filtró, por ejemplo).
La demanda de este servicio crece un 36 por ciento cada año. La Iniciativa Política del Clima prevé las grandiosas dimensiones del sector en África: se pueden llegar a producir trescientos millones de créditos de carbono —lo que multiplicaría por 19 los actuales—, crear treinta millones de empleos e ingresar seis mil millones de dólares hasta 2030. El peligro está en la falta de regulación internacional. En la Conferencia del Clima de 2023 (COP28), celebrada en noviembre en Dubái, se intentó impulsar legislación y fijar unos precios, pero no se logró, y por el momento son las corporaciones extranjeras las que marcan el importe, condición que pone en duda su efectividad a largo plazo para los países africanos. Varios activistas climáticos critican que, en realidad, los créditos de carbono conceden a las principales empresas del mundo una «licencia para contaminar».
«A este modelo lo llamamos neocolonial, pero yo lo veo como neoliberal: una privatización del sector de la conservación», sostiene Fiore Longo, directora de Survival International España, una ONG que vela por los derechos de los pueblos indígenas. «Esos parques naturales están en áreas de extrema biodiversidad de donde se expulsa a las comunidades originarias y se les culpa». Kisioi reprueba que se les acuse de la deforestación. «No somos delincuentes, somos custodios del bosque», sostiene. A él no le cabe en la cabeza que les intenten desterrar: «Nosotros somos el bosque. Es como si quitas a los peces del agua». Sin embargo, los Gobiernos africanos lo consideran la manera más efectiva de ingresar dinero y avanzar en la transición ecológica.
LA JUNGLA PIDE JUSTICIA
«Europa es un jardín: el resto del mundo no es exactamente un jardín; la mayoría es una jungla. Y la jungla podría invadir el jardín». Las palabras del alto representante exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, en otoño de 2022, no sentaron nada bien en África. Al día siguiente, el embajador de Kenia ante la ONU, Martin Kimani, le contestó en redes sociales: «Vamos a tener que pedir a los jardineros que paguen por el devastador daño que ha hecho la jardinería a la jungla».
El continente africano es el que menos ha contribuido al calentamiento global, con un 3 por ciento de las emisiones, en comparación con el 25 por ciento de Estados Unidos, el 22 por ciento de la Unión Europea y el 12,7 por ciento de China. Sin embargo, la naturaleza es ciega, y África sufre más las consecuencias de la crisis: el incremento de temperaturas y del nivel del mar supera la media, y la productividad agrícola se ha reducido un tercio. El Cuerno de África arrastra cinco años de sequía prolongada, el peor registro en su historia reciente. La hambruna afecta a cincuenta millones de habitantes. Una persona muere de hambre cada 36 segundos. A un ritmo de lectura normal, ocho personas desde que usted comenzó a leer este artículo. Por si fuera poco, las infraestructuras africanas son las menos preparadas para eventos climatológicos extremos, según el Índice de Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático.
Los líderes africanos exigen justicia. Y dinero. Han encabezado las peticiones para intensificar la ayuda económica para la adaptación climática. Hasta hace poco, la comunidad internacional financiaba —a través de mecanismos de la ONU como el Fondo de Adaptación, el Fondo Verde para el Clima o el Fondo para el Medio Ambiente Mundial— diversas iniciativas orientadas a reparar o prevenir el daño que el cambio climático causa a África: métodos agrícolas más modernos, tecnología para predecir inundaciones o infraestructuras para atajar las mayores catástrofes.
Sin embargo, un estudio del Programa de la ONU para el Medio Ambiente estimó que, para paliar los efectos del calentamiento global, se necesitan hasta 366 000 millones de dólares adicionales al año. O sea: multiplicar por dieciocho la suma comprometida. Para canalizar ese objetivo, los países en desarrollo reclaman desde hace tres décadas la creación del Fondo para Pérdidas y Daños. Aunque el concepto se gestó en 2013, no fue hasta 2022, en la Conferencia del Clima (COP27), cuando se aprobó a última hora su constitución. Un comité instituido a tal efecto tenía un año para diseñar la puesta en práctica del Fondo.
«EL CONTINENTE AFRICANO CUENTA CON EL 30 POR CIENTO DE LOS RECURSOS MINERALES Y EL 19 POR CIENTO DE LAS RESERVAS DE METALES PARA APLICACIONES ELÉCTRICAS»
Las recomendaciones del grupo llegaron unas semanas antes de la COP28 y decepcionaron a los africanos. El acuerdo no incluía ninguna cláusula que obligara a las naciones más contaminantes a pagar en proporción. El texto invitaba a todos los países a proveer de financiación al fondo, incluidos aquellos en desarrollo. A pesar de los más de cuatrocientos millones de dólares comprometidos, lo cierto es que, sin una reglamentación de pago, el mecanismo depende de la benevolencia humanitaria. El dinero se destinará mediante préstamos «altamente concesionales» —que incluyen por lo menos un 25 por ciento de donación o gratuidad— y el fondo se alojará en el Banco Mundial. Nada de esto es lo que esperaban los Estados de África. «Los países en desarrollo han perdido una batalla, pero no la guerra», dijo tras la aprobación del Fondo, el 4 de noviembre de 2023, Alpha Kaloga, negociador jefe en la ONU del Grupo Africano.
Como vía alternativa, los países africanos buscan explotar sus recursos naturales. Dos meses antes de llegar a Dubái para la COP28, se reunieron en la Primera Cumbre Climática Africana, en Nairobi, en septiembre de 2023, para trazar un plan económico. Las palabras del anfitrión, el presidente de Kenia, William Ruto, fueron categóricas: «Debemos ver en el crecimiento verde no solo un imperativo climático, sino también una fuente de oportunidades económicas multimillonarias».
La transición ecológica ofrece una vigorosa vía de financiación al continente. El Foro Económico Mundial predice que se necesitan alrededor de tres mil millones de toneladas de metal para alcanzar, a escala global, las cero emisiones netas en 2050. África es un enclave estratégico: el continente cuenta con el 30 por ciento de los recursos minerales y el 19 por ciento de las reservas de metales para aplicaciones eléctricas. La República Democrática del Congo, por ejemplo, dispone de dos terceras partes del coltán y la mitad del cobalto del planeta, indispensables para las baterías de móviles. El valor conjunto de los minerales del Congo se estima en 24 billones de dólares, casi igual que toda la economía estadounidense.
Pero no son solo los minerales. El potencial de África en energía renovable es abrumador: tiene capacidad para generar el 60 por ciento de la energía solar de la Tierra, y la Agencia Internacional de la Energía espera que para 2030 el 80 por ciento de toda la electricidad sea verde. También están explorando otras energías. Seis países africanos —Kenia, Sudáfrica, Namibia, Egipto, Marruecos y Mauritania— crearon en 2022 la Alianza Africana por el Hidrógeno Verde. Este gas, que se puede almacenar y usar como fuente limpia al emitir solo vapor de agua, se obtiene al descomponer mediante electrólisis las moléculas de agua y separar los átomos de hidrógeno. Este mercado global estaba valorado en 2023 en 6260 millones de dólares y se espera que se multiplique hasta los 165 840 millones en una década, veintiséis veces más.
La energía verde promete una manera de financiación climática para África, pero, al igual que en la conservación, sus Gobiernos están dejando atrás a las poblaciones locales.
ENERGÍAS RENOVABLES, PERO NO PARA TODOS
El Parque Nacional de Hell’s Gate es uno de los pocos de Kenia en el que, a pie o en bici, se pueden ver cebras, jirafas y búfalos. En este parque ubicado en el condado de Naivasha se inspiró Disney para la película El rey león. Un escenario precioso pero apocalíptico. Los animales conviven a pocos kilómetros con monstruosas obras de ingeniería que no visitan los turistas: columnas de vapor de agua hasta las nubes que hacen rugir las tripas del cielo.
Allí se desarrolla desde 1981 la mayor planta geotérmica de África: Olkaria. Lo que empezó como una pequeña prueba con una turbina Mitsubishi de quince megavatios se ha convertido en un orgullo para la nación. Kenia es el octavo país del mundo con mayor producción de geotermia y el primero de África, pero lo más llamativo es que depende de ella para tener luz: proporciona el 42 por ciento de la electricidad más que ningún otro tipo.
A menos de veinte kilómetros de las centrales se encuentra el cráter del extinto volcán Longonot, y en el valle del Rift se siente la actividad tectónica. «África se parte en dos con la placa somalí al este y la africana continental al oeste, lo que genera el magma y calienta el agua subterránea», comenta la geofísica Anna Mwangi, que trabaja desde hace quince años para la empresa estatal Compañía Generadora de Electricidad de Kenia (KenGen, por sus siglas en inglés). Esta agua se redirige por tuberías hasta las centrales eléctricas, que luego la condensan y la devuelven fría bajo el suelo, donde se recalienta hasta expulsar el vapor.
Sin petróleo ni gas natural, así como ningún otro combustible fósil, Kenia ha desarrollado durante décadas, y con el apoyo de la inversión de muchas entidades (el Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones, las agencias de desarrollo de Francia, Japón y Alemania y empresas de China, Reino Unido y Estados Unidos), una energía renovable que ha recibido elogios de los líderes internacionales. En junio de 2023, el canciller alemán, Olaf Scholz, visitó la central de Olkaria y se refirió al país como «un campeón climático inspirador».
A día de hoy, el 86 por ciento del mix energético de Kenia procede de fuentes renovables. En España es el 42,2 por ciento, por encima de la media de la Unión Europea, que está en el 38,7 por ciento. En Estados Unidos es el 12,7 por ciento. Ruto se ha marcado el objetivo de llegar a un cien por ciento en 2030 y conseguir que todos los kenianos cuenten con luz en casa. Por el momento no ha ido mal: en la última década ha pasado de proveer de electricidad a uno de cada tres kenianos a mejorar más del doble y surtir a siete de cada diez.
Sin embargo, las principales líneas de transmisión están en el centro y sur del país y dejan sin luz a la mayoría de población en el norte. No son los únicos. «Nosotros no tenemos luz y vivimos apenas a dos kilómetros de la central», dice Daniel, portavoz del Centro Cultural Masai Ololkarian. Prefiere no revelar su nombre completo.
Daniel está sentado en el principio del camino para turistas. Va cubierto con una shuka, la manta de la comunidad masái. Pronto llegan otros siete hombres. Todos coinciden: la geotermia les ha fastidiado la vida. En 2014, el Gobierno keniano, a través de la energética estatal KenGen, comisionó la construcción de la quinta planta eléctrica en ese lugar, donde vivían alrededor de mil doscientas personas. Había que negociar, pero el ente público, como denuncian los nativos, impuso a sus interlocutores, personas sin estudios a las que invitaron a pasar una noche con todo incluido en uno de los hoteles más lujosos del parque nacional. «Compraron a nuestros primos y hermanos», lamenta. Aceptaron en nombre de la comunidad una vivienda nueva y una compensación de 35 000 chelines kenianos, aproximadamente 200 euros.
«En realidad, las nuevas casas son muy modernas y buenas», admite Daniel. El problema es el entorno. Charles, otro de los masáis presentes, explica que están situadas en una colina sin asfaltar y cuando llueve el terreno se embarra y se inundan. Y un tercero reivindica que tampoco hay red móvil. «Además, nos separan diez kilómetros de nuestro trabajo. Nos han hecho más difícil la vida», agregan, interrumpiéndose unos a otros. «Han apagado nuestra cultura», acaba Charles.
KenGen prepara la construcción de la sexta y séptima centrales eléctricas y ya ha comenzado a excavar nuevos pozos. Para aumentar la demanda, como el consumo individual es tan escaso, el Gobierno ha establecido en Naivasha una zona económica especial donde la electricidad es más barata —porque no requiere transporte— para atraer a la industria. Cinco grandes empresas extranjeras se han comprometido a invertir 342 millones de euros en el proyecto. El Ejecutivo calcula un impacto de casi 500 millones de dólares y la creación de 2860 puestos de trabajo.
No obstante, la comunidad masái denuncia que apenas se benefician de esas oportunidades laborales; les han dado pocos puestos no cualificados. «Si emplean a veinte, solo uno será de aquí», protesta Daniel. El portavoz dirige también sus duras críticas a quienes subvencionan esa energía renovable. «Culpamos al Banco Mundial. No se puede financiar algo que mata a otras personas. Deberían haberlo regulado —asegura—, pero simplemente pusieron el dinero y se fueron».
África lleva años intentando liderar la transición ecológica en las cumbres mundiales. La financiación es vital para que la producción energética cubra las necesidades internas y la exportación. Se prevé que la demanda se duplique hasta 2050, casi al mismo ritmo que aumentará la población, hasta los 2,5 mil millones de personas. Hoy, la mitad carece de electricidad. Se espera que la ratio se mantenga.
Ante la situación actual, varios Gobiernos africanos reclaman su derecho a contaminar. Como los de Tanzania y Uganda. Aunque el Parlamento Europeo condenó el 14 de septiembre de 2022 la construcción del Oleoducto de Crudo de África Oriental (EACOP), el plan que lidera la petrolera francesa TotalEnergies espera extraer 216 000 barriles diarios, de los cuales el 72 por ciento se transportarán por una tubería de 1443 kilómetros hasta el puerto de Chongoleani, en Tanzania. Uganda se quedará 60 000 barriles, poco más de una cuarta parte del total.
«VARIOS ACTIVISTAS CLIMÁTICOS CRITICAN QUE, EN REALIDAD, LOS CRÉDITOS DE CARBONO CONCEDEN A LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL MUNDO UNA "LICENCIA PARA CONTAMINAR"»
Activistas climáticos alertan de que se duplicarán las emisiones totales de Tanzania y Uganda y el oleoducto dañará 2000 kilómetros de ecosistemas protegidos: siete bosques y tres reservas nacionales, así como los maltrechos corales y manglares del oeste del océano Índico. En Uganda, algunos no entienden los reparos. «TotalEnergies está invirtiendo en Catar y nadie lo cuestiona —señala sorprendida Rahma Nantongo, presidenta de la asociación estudiantil Sociedad de Geología y Petróleo de la Universidad de Makerere—. África tiene las menores emisiones. Déjennos desarrollarnos».
Unas 120 000 personas deberán desplazarse por la construcción del oleoducto. El 90 por ciento de ellos son granjeros y pescadores que no accederán a los empleos que cree el proyecto. Ni esta ni otras grandes inversiones energéticas —el bosque de Mau, el parque natural Hell’s Gate— benefician, en realidad, a los habitantes de esas tierras. La transición energética es, sin duda, una gran oportunidad para África, que sus Gobiernos pueden aprovechar para mejorar la vida de sus ciudadanos. Sería una pena que cambiara todo para que nada cambie.
